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> INTERNACIONALES - LA INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN EMPRESARIAL EN NUESTRA ECONOMÍA FAMILIAR.

 ¿Que es el neoinstitucionalismo?

 Nuevo avance del Neoliberalismo. ¿Que es el neoinstitucionalismo?

El Neoinstitucionalismo como nuevo avance del neoliberalismo, se involucra en la relación entre individuos e institución y concibe a las instituciones, por ende, como marcos de referencia cultural que determinan el comportamiento de los  individuos. Dentro de esta corriente sociológica del Neoinstitucionalismo no habría cabida para ningún ejercicio racional...

1) Nuevo avance del neoliberalismo. ¿Que es el Neoinstitucionalismo?

2) ¿Neoinstitucioalismo o neogarquismo? Por Aldo Ulises Jarma.

3) Algunos ejemplos de represión asesinatos, cárcel y causas judiciales aplicados desde el estado en contra del pueblo que es victima de altas condiciones de pobreza. Todo esto considerado por en la doctrina del neoinstitucionalismo.

1) Nuevo avance del Neoliberalismo. ¿Que es el Neoinstitucionalismo? Por la producción de Columna Opuesta.

Nuevo avance del Neoliberalismo. ¿Que es el Neoinstitucionalismo?

Por la producción de Columna Opuesta.

Este informe contiene extractos del señor Juan Federico Moreno.

11 de junio de 2010.

El sentido histórico que ha adquirido el institucionalismo, desde sus orígenes en los Estados Unidos, se asocia a la necesidad de imponer frenos a las olas de democratización y de ascensos populares, cuando éstos eran juzgados como “excesivos” por los sectores dirigentes del Estado.

El diseño constitucional norteamericano, había previsto la puesta en plaza de un poder judicial federal que fuese independiente, por su origen y por el carácter vitalicio de los altos magistrados, de los designios de la voluntad popular. Mientras que los otros poderes, surgidos de elecciones populares periódicas –como el legislativo y el ejecutivo– podían cambiar sus orientaciones, siempre permanecerían las instituciones de la justicia –supuestamente independiente– que pudieran impedir cambios significativos en la organización liberal del Estado.

La escasez económica conduce a la competencia entre diversos intereses por capturar los recursos disponibles. La presencia de sólidas instituciones estatales y de reglas de negociación evitaría, o por lo menos podría contrapesar, los desbordamientos de la democratización o la excesiva energía de los reclamos populares.

El neoinstitucionalismo logra combinar el estudio por la democracia, la cultura política, el comportamiento político, los partidos políticos y demás, y su significado y papel para el Estado y los ciudadanos, respectivamente.

El neoinstitucionaismo destaca en primer lugar, como es natural, la importancia de las instituciones partiendo de que conforman el cemento de la sociedad; en segundo lugar, busca combinar las teorías económicas y de las instituciones para analizar las interacciones sistémicas entre ambas; en tercer lugar, pretende romper y trascender los limites más estrechos de los modelos tradicionales.

El neoinstitucionalismo  se involucra en la relación entre individuos e institución y concibe a las instituciones, por ende, como marcos de referencia cultural que determinan el comportamiento de los individuos. Dentro de esta corriente sociológica del neoinstitucionalismo no habría cabida para ningún ejercicio racional.

Alrededor del planteamiento neoinstitucionalista sociológico, Paul DiMaggio y Walter Powell señalan categóricamente que “esta perspectiva destaca las formas en que se estructura la acción y se hace posible el orden mediante sistemas compartidos de reglas que a la vez limitan la tendencia y la capacidad de los actores para optimizar, y privilegian algunos

grupos cuyos intereses son asegurados por las sanciones y recompensas prevalecientes”.

El llamado neoinstitucionalismo, que se derivará de las posturas del original institucionalismo pero avanza en forma desmedida ante los pueblos, ya en la actualidad, surge muy particularmente, de los trabajos de Douglass North. Este autor se interesa en el afianzamiento de los derechos de propiedad y en asegurar el cumplimiento de los contratos entre los agentes económicos, como pueden ser los inversionistas extranjeros y los gobiernos de las naciones que hayan recibido esas inversiones.

Estableciendo un nuevo tipo de determinismo judicial, North podría jactarse de haber formado un modelo en donde Carlos Marx está puesto “patas para arriba”, pues según él neoinstitucionalismo, es la configuración del sistema institucional y jurídico–legal, y no está condicionado –en última instancia– por el desarrollo y características de las relaciones socio–económicas, sino, por el contrario, son las normas e instituciones legales, las que determinan –de una manera bastante mecánica– el crecimiento y desarrollo económico de los países.

Según este enfoque, si la reforma aperturista neoliberal falló, si creó condiciones de desigualdad, pobreza y desempleo, mayores que antes de su implementación, esto no se debió a que fuese un modelo del capitalismo financiero, por el capitalismo financiero y para el capitalismo financiero, sino porque nuestras instituciones jurídico–legales, son “débiles”.

Se hace necesario, entonces, fortalecerlas, aumentar su independencia, dotarlas de más autoridad que las instancias elegidas por el pueblo.

Para el neoliberalismo neoinstitucionalista, es principal objetivo bajar “los costos de transacción”. Entre estos costos, se incluyen: las regalías que las empresas transnacionales deben pagar al Estado o a sus regiones para la explotación y usufructo de sus recursos naturales, los costos de los estudios de impacto ambiental y social, que algunas legislaciones incorporaron como obligatorios, los altos salarios, cargas sociales y cargas fiscales sobre las grandes empresas.

¿Cómo se logra este nuevo ajuste estructural de la economía?

Fortaleciendo las instituciones judiciales, haciendo cumplir las normas, incorporando a las altas cortes como poder supremo del Estado. Los países deben entrar en la Legalidad, se deben bajar los costos de transacción, el estado debe estar presente en cada región, en lo posible en cada municipio, no sólo con el ejército, como sucede ahora, sino que al lado de cada unidad del ejército debe haber una unidad de la fiscalía y un juez”.

Ante las crisis recurrentes que produce el neoliberalismo – financieras, de recesión, de desempleo, de desigualdad – se abren fuertes posibilidades de ascenso de gobiernos populares y democráticos, es decir del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

La reforma neoinstitucional, defendida punto por punto, debería impedir, imponiendo límites severos, este desbordamiento democrático de la voluntad popular. Y para llevar a cabo la profundización de las leyes que favorezcan el neoliberalismo, las instituciones deberán ser apoyadas con gran cantidad de represión sobre los pueblos.

¿Cómo hacerlo? Imponiendo el imperio de la Ley como limitante de las eventuales tiranías mayoritarias es decir los países manejados por la mayoría de sus pobladores.

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2) ¿Neoin

Argentina

2) ¿Neoinstitucioalismo o neogarquismo? Por Aldo Ulises Jarma.

¿Neoinstitucioalismo o neogarquismo?

Por Aldo Ulises Jarma - aldojarma@gmail.com

Fuente: http://aldoulisesjarma.blogspot.com/2008/02/neoinstitucionalismo-o-neogarquismo.html

Necesario antecedente: el NEOLIBERALISMO:
 

El neoliberalismo parte de una serie de supuestos sencillos e indiscutibles derivados de una idea básica: las sociedades pueden alcanzar el desarrollo a través de la libre competencia entre los individuos, concebidos como seres racionales, astutos, informados y egoístas.
Basados en este credo simplista elevado a la categoría de cuasireligión, los expertos economistas ultraortodoxos defendieron, en los últimos 30 años, un conjunto de intereses bien definidos: inventores de la “ tablita” en los 70, responsables de la política económica de los 90 (achicamiento del Estado, desregulación, apertura económica, control de la emisión, independencia de la autoridad monetaria y flexibilización de la legislación laboral) , creadores del corralito, defensores de los intereses de los bancos y las privatizadas, intérpretes privilegiados de las demandas de los organismos internacionales y, ya en 2002, pronosticadores de una inflación devastadora y un dólar por las nubes que nunca llegaron.

Señala Guillermo O’Donnell, profesor de ciencia política de la Universidad de Notre Dame, que “sus representantes ocuparon casi monopólicamente y por largos años, la escena pública, por cierto que con gran ayuda de los medios de comunicación masiva. Ellos elaboraron, con sus recetas, el sentido común de la política económica de fines del siglo pasado. Y atrás de la economía, también formularon los corolarios que llevaron, entre otras cosas, al desmantelamiento del Estado y de las políticas sociales, y al “mal necesario y transitorio” del empobrecimiento y el desempleo masivos. En otras palabras, estos “economistas” fueron los intelectuales orgánicos de un período particularmente desgraciado de nuestra historia”

La vuelta de tuerca: el NEOINSTITUCIONALISMO:

A raíz del impacto negativo de las políticas neoliberales a nivel internacional y de las crecientes críticas a esas políticas por los más amplios sectores políticos y sociales, desde finales de la década de los ochenta, pero sobre todo en los noventa empezaron a cobrar fuerza las concepciones del neoinstitucionalismo (o del “nuevo institucionalismo”). Dicha corriente ganó inicialmente un espacio de la mayor importancia en el ámbito académico norteamericano con los trabajos del profesor Douglass North y de manera muy rápida se empezó a difundir internacionalmente sobre todo en la periferia capitalista.
De ese escenario académico inicial, su influencia se extendió al diseño de la política pública y a su promoción y difusión por parte de las agencias del capital financiero internacional, en especial del Banco Mundial, que lo adoptó como sustento teórico para la formulación de sus propuestas (imposiciones) de política en los países de la periferia capitalista. Ello es evidente, por ejemplo, en el "Informe sobre el desarrollo mundial 1997. El Estado en un mundo en transformación" del Banco Mundial.

El neoinstitucionalismo postula que las instituciones correctas generan resultados correctos y que la clave consiste entonces en copiar las de los países desarrollados. La única función de las instituciones políticas consiste en dejar que la economía funcione adecuadamente. Es decir, el problema del capitalismo no es su naturaleza de dominación y de explotación, sino la existencia de reglas de juego inadecuadas (instituciones inadecuadas), o la carencia de reglas de juego (instituciones).
La abierta defensa del capitalismo del libre mercado puede ahora matizarse con propuestas de política que atienden a la “institucionalidad histórico concreta”. El discurso puramente económico (el que realmente interesa) aparece ahora revestido de consideraciones jurídicas, sociológicas, políticas y hasta culturales (tradición, patrimonio histórico). ¡En algunos casos se introduce incluso el análisis clasista de claro desprecio hacia las mayorías populares!

  Jacques Sapir, Director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (en su libro Economistas contra la Democracia, Ediciones B, 2004), sostiene que “el pensamiento neoliberal cae así en una fetichización de las normas y las instituciones, concebidas como la expresión de una ley natural, inmanente al comportamiento humano, y no como una construcción negociada entre personas (y por lo tanto política)”

Señala José Natanson en su extraordinario libro "Buenos Muchachos" que: “convencidos de los peligros del “exceso de democracia”, los talibanes del mercado recomendaban diferentes mecanismos para reducir la participación popular y la influencia de los políticos, reclamando que la autoridad política debía autolimitarse, por ejemplo comprometiéndose por ley a mantener el tipo de cambio (convertibilidad) o cediendo voluntariamente a un “grupo de expertos” ciertos instrumentos de política monetaria: una forma de hacerlo, muy reclamada por los organismos internacionales, es consagrar la autarquía del Banco Central, aceptada por Argentina en 1991.
En el año 2002, cuando parecía imposible controlar las variables económicas enloquecidas, Jorge Ávila defendía la dolarización con el argumento de que se trataba de una receta “a prueba de gobiernos irresponsables”. Carlos Melconián proponía reformas “abrochadas a prueba de hombres” y Manuel Solanet sostenía que la clave pasaba por “acabar con las demagogias y las convocatorias a llenar la Plaza de Mayo”. Más directo, Carlos Rodríguez (el economista presidente y cerebro del CEMA) dijo que “la convertibilidad falló porque sobraron los políticos” y reclamó el cierre del Senado.

  ¿Adivinen dónde militan hoy todos ellos? Sí: son furibundos neoinstitucionalistas y hablan de hegemonía, presidencialismo, avasallamiento contra las cláusulas “pétreas” de la Constitución y ausencia de reglas claras como los males de la república. Los peligros del “exceso de democracia y de política” se combaten ahora apelando a la tan mentada calidad institucional. Bienvenidos a este nuevo tipo de cinismo en política.

¿Qué pasa si comparamos?

El periodista Mario Wainfeld lo dice claramente: “Las polémicas políticas en la Argentina acostumbran ser una rama seca de una ética (o una religión) inconfesa y fundamentalista. Se señalan males bíblicos (“hegemonías”, “ansias de poder”, “presidencialismo”), se los condena a divinis sin juicio previo, se denuncia inquisitorialmente su existencia. Escasean las lecturas funcionales, las miradas al mundo de lo real, la ojeada comparativa a otros países. La frase de taxista “esto sólo pasa en la Argentina” es también fatigada por formadores de opinión y de académicos, sin tomarse la molestia de mirar por arriba de la cerca”
Justamente eso es lo que hace el italiano Gianfranco Pasquino en su libro “Los Poderes de los Jefes de Gobierno”. Allí analiza, sobre la base de comparar datos reales, cuál es el lugar del Ejecutivo y cuál el del Legislativo en las grandes líneas de los gobiernos del primer mundo. Se toma la molestia de auditar cuántas leyes son iniciativa de los parlamentarios y cuantas de los jefes de gobierno en los regímenes parlamentarios. Y sí: resulta que en todos los casos la inmensa mayoría de las normas surge del ala ejecutiva. Esa circunstancia que en Argentina hoy levanta polvaredas de discusiones baladíes, es obvia en países tomados como modelo. Según el relevamiento de Pasquino (página 68) el porcentaje de leyes aprobadas por el Parlamento a instancias del gobierno es del 92 por ciento en España, del 94 por ciento en Gran Bretaña, del 81 por ciento en Francia. Suecia, un régimen recontramentado como modelo, llega a una marca del 96 por ciento.

El rol de la prensa:

El papel que juega cierta prensa para otorgarle visibilidad al discurso de los neoinstitucionalistas y, en muchos casos, para asumirlo gozosamente como propio, es central. Como lo fue para regalarle durante casi 30 años la escena pública a los economistas neoliberales.
Lo decía con claridad Juan Bautista Alberdi: “Hablar de la prensa es hablar de la política, del gobierno, de la vida misma de la República Argentina, pues la prensa es su expresión, su agente, su órgano”
Para no hablar en abstracto nada mejor que algunos ejemplos:
El diario La Nación denuncia el presidencialismo en su máximo esplendor.
Al poco tiempo, su hija dilecta, el diario La Gaceta de Tucumán, hizo gala de su originalidad señalando: El presidencialismo se acentúa en Tucumán . En dicho artículo se cita a uno de los ponentes en el encuentro de profesores de Derecho Constitucional de Paraná, al constitucionalista Calogero Pizzolo, quien cuestiona la reciente reforma de la Constitución tucumana que prohijara el genocida Bussi allá por el año 1990. Precisamente el mencionado Pizzolo resulta un interesante ejemplo de neoinstitucionalista fundamentalista. Como el pez por la boca muere, nada mejor que acudir a su artículo "Populismo y rupturas constitucionales", donde ya en el resumen se nota su veta clasista y de absoluto desprecio por las mayorías populares, cuando señala: “la reforma de los textos constitucionales de Venezuela y Ecuador se hace apelando directamente a la voluntad popular con indiferencia de los mecanismos de reforma constitucional previstos”¿Qué dirá Pizzolo ahora que esa misma “voluntad popular” que desprecia fue la que le dijo que no a la reforma de la Constitución Bolivariana?
No debe perderse de vista que hoy cierto sector de la prensa, economistas neoliberales y juristas conservadores se alinean como neoinstitucionalistas no sólo para defender sus convicciones ideológicas sino también sus intereses.
Así, a lo largo de casi cinco décadas pasaron por Argentina 21 presidentes (muchos de ellos dictadores con condenas por genocidio), 47 ministros de economía, el dólar se disparó diez billones por ciento respecto de las sucesivas monedas locales y la deuda pública creció al menos diez veces. En ese período, se firmaron 21 acuerdos con el FMI. Sin embargo, diarios como La Nación y La Gaceta nunca denunciaron la falta de calidad institucional, ni hegemonías ni hiperpresidencialismos.
Como decía Alberdi: “La prensa como elemento y poder político, engendra aspiraciones lo mismo que la espada”

Institucionalismo o barbarie:

El militante tucumano neoinstitucionalista (generalmente abogado o similar) conoce dos formas de actuación política: 1) en tribunales planteando todo tipo de demandas judiciales contra el Poder Ejecutivo o 2) como ocasional “escritor” de columnas periodísticas desde donde se dedica a convertir en fetiches las normas e instituciones en la misma línea que los periodistas “estrellas” de tales medios. Luego se reúnen en bares a practicar el onanismo intelectual y aprovechan para retroalimentarse. Después de todo ese “desgaste”, generalmente obtienen el 1 % en las elecciones y salen a denunciar que los derrotó el clientelismo político, haciendo gala de sus intereses de clase y desprecio y subestimación hacia las mayorías populares.
Cuando obtienen una victoria judicial con jueces de idéntica convicción ideológica e intereses, llegan a la cumbre del éxtasis. Se excitan por la batalla ganada y reproducen todas las conductas anteriores pero con un marcado barniz de transparencia en sus plumas y comportamientos: se muestran cargados de odio y resentimientos.
Si el siglo XIX estuvo marcado en nuestro país por la falsa opción entre “civilización o barbarie”, ahora el neoinstitucionalismo propugna, en los hechos, la discusión entre “institucionalismo o barbarie” y propagan el odio hacia el caudillo que basa su poder y su “hegemonía” en un “sistema clientelista de mayorías compradas”. Son proclives a regocijarse con eufemismos del tipo: “democracia bolsonera o de planes sociales” o “democracia pavimentadora”. Cinismos bajo los cuales refulge el condimento perversamente clasista de este neoinstitucionalismo.

Juan B. Alberdi (a quien tanto gustan de invocar los neoinstitucionalistas tucumanos) quizás les contestaría hoy como en su momento le contestó a Sarmiento: “El día que creáis lícito destruir, suprimir al gaucho porque no piensa como vos, escribís vuestra propia sentencia de exterminio y renováis el sistema de Rosas. La igualdad en nosotros es más antigua que el 25 de mayo. Si tenemos derecho para suprimir al caudillo y sus secuaces porque no piensan como nosotros, ellos le invocarán mañana para suprimirnos a nosotros porque no pensamos como ellos”

Necesario debate ideológico:

Este ensayo e investigación tiene el objetivo de convertirse en disparador intelectual y, al mismo tiempo, en herramienta que sirva de base para dar la batalla ideológica a esta corriente neoinstitucionalista. No debemos subestimarlos. Representan poderosos y tradicionales intereses de clase: núcleos duros de pensamiento neoliberal y conservador.
Creo que los próximos años en nuestro país y Latinoamérica estarán marcados por este debate que ya lograron imponer en algunos sectores medios – altos de la población. Hay que desenmascararlos ahora, antes de que Jacques Sapir se vea obligado a escribir un segundo tomo de su obra “Economistas contra la democracia” y que ahora, necesariamente, debería titularse “Juristas contra la democracia”.

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3) Algunos

Algunos ejemplos de represión asesinatos, cárcel y causas judiciales aplicados desde el estado en contra del pueblo, que es victima de altas condiciones de pobreza.  Todo esto considerado por en la doctrina del Neoinstitucionalismo.

Video asesinato en Ciudad de Bariloche, Provincia de Río Negro, República Argentina

 a tres adolescentes. de clases bajas. En manos de la policía provincial. 18-6-2010

Provincia de Salta, Argentina

El 26 de mayo de 2010 EL dirigente popular PEPINO FERNÁNDEZ, otra vez detenido

En declaraciones el señor pepino Fernández dijo: Yo pensaba presentarle un petitorio a Cristina Kirchner porque veo que cada vez sale más petróleo, más gas y más cereales, pero nada de eso llega a la gente. Para mí fue por eso que mandaron a detenerme” dice José Pepino Fernández.

PEPINO FERNÁNDEZ, a quién vemos en la imagen, se presento espontáneamente  ante el juez Nelso Aramayo, advirtió que su situación sería bastante difícil ya que a esta detención,  se le sumaran las causas judiciales anteriores  en las cuales no se presentó en mi juzgado; por lo cual quedaría en prisión.

Pepino podría figurar en los libros de récords güines, por poseer más de 100 causas abiertas en su contra, y también en dos ocasiones intentaron atropellarlo premeditadamente en los últimos meses. Diferentes camionetas: la primera la conducía el gerente de una multinacional, y la segunda el mismo intendente de la localidad de Mosconi en la provincia de salta. Quien, por otra parte califico a los trabajadores desocupados  como “grupo de ratas”

La mano política y de intereses empresariales que mueven las decisiones judiciales se llama  “tolerancia cero”  y es impuesta por el gobernador de la provincia de salta, Juan Manuel Urtibey,  y esta dirigida para los reclamos sociales donde:… después de la represión, gases y balas de goma, le siguen la cárcel para los que reclaman por trabajo para la gente.

Quien es Pepino Fernández

Un Dirigente popular perteneciente a la Unión de trabajadores desocupados y esta organización se formo con un solo objetivo,  para pedir trabajo. También defensor de el medio ambiente.

Esto es Neoinstitucionalismo de alta pureza.

Provincia de Catamarca, Argentina

Más represión en la localidad de  Andalgalá contra los luchadores sociales

Una vez más las fuerzas represivas han actuado contra pobladores de esta localidad catamarqueña. La nueva excusa es el procesamiento y búsqueda del docente Alejandro de las Cuevas luego de una orden del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro. Cuevas  no es prófugo de la justicia, luego de que la fiscal Marta Nieva le cambiara la carátula y de imputado pasara a ser testigo declarante.

Pero esto no acaba aquí. Con el pretexto de detenerlo, la policía allanó viviendas en forma indiscriminada y destruyó el campamento de El Algarrobo donde se reúnen los auto-convocados que se movilizan contra las explotaciones mineras a cielo abierto La Alumbrera y Agua Rica.

Esta política de criminalización de la protesta socio-ambiental no es nueva (más allá del escándalo que ocurriera a mediados de febrero cuando miembros del grupo Kuntur y Gendarmería agredieron a integrantes de la Agrupación Vecinos por la Vida, lo que derivó en una poblada que provocó que se suspendiera en forma transitoria la actividad minera en la zona). Ésta no fue la primera agresión contra El Algarrobo. El 25 de marzo de este año, cuatro de sus integrantes fueron detenidos mientras sólo inspeccionaban las roturas del mineroducto de Minera Alumbrera sobre el río de Villavil con un detector de metales pesados.

Queda claro que a la lucha por salvaguardar el agua en Catamarca se responde reprimiendo. Estas lamentables escenas suelen repetirse en distintos puntos del país, cada vez que surgen personas y movimientos dispuestos a dar batalla para no entregar nuestros recursos naturales a los megaproyectos predadores.

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

La Justicia condenó a ocho luchadores populares integrantes de la agrupación política de nombre Quebracho

10 de junio de 2010

El juicio oral, que comenzó en abril pasado, llegó hoy a su instancia final, donde los acusados hicieron uso a su derecho a pronunciar unas últimas palabras antes del veredicto. Resaltamos las palabras de su mayor referente Fernando Esteche, a quién vemos en la imagen:

"Hay hombres que deciden sobre la vida y la muerte de los argentinos, que jamás han pisado la cárcel. Fernando De la Rúa (fue ex presidente Argentino 2000 al 2001 que  escapo de la casa de gobierno montado en un helicóptero el 21 de diciembre de 2001;) fue absuelto hace una semana por las muertes por represión policial, la cual él ordeno el 20 de diciembre de ese año. y Eduardo Duhalde (otro ex presidente posterior a De La Rua, que es acusado de narcotraficante) nunca pisó un tribunal, pero a 14 infelices nos están juzgando por esto", apuntó el líder de Quebracho antes de escuchar su sentencia.

Además, remarcó que no estuvo presente en el lugar de los hechos pero asumió la autoría de lo ocurrido al aseverar que junto a Lezcano "somos los responsables de esta organización y ustedes hagan lo que tengan que hacer".

El Tribunal Oral Federal Número 3 condenó a tres años y ocho meses de prisión al líder del grupo, Fernando Esteche, y a penas menores a siete de sus compañeros por destruir en 2007 un local del Movimiento Popular Neuquino, espacio liderado por Jorge Sobisch. Quien en ese momento era gobernador de la patagónica provincia de  Neuquén y fue actor intelectual de la represión a una movilización de maestros de escuela de esa provincia, los cuales reclamaban aumento salarial y más presupuesto para educación. En dicha represión fue fusilado por un agente asesino, como todo policía, al ya emblemático ciudadano y maestro de grado Carlos Fuente Alba.

El 5 de abril de 2007 el local del Movimiento Popular Neuquino, ubicado en Moreno y Salta de la ciudad de buenos aires, fue incendiado por un grupo de manifestantes que repudiaban a Sobisch por haber ordenado despejar la ruta provincial 22. Y el asesinato de Fuentealba,

El fiscal Federico Delgado y el juez Ariel Lijo avanzaron contra el grupo que participó del acto por entender que la manifestación en el local no estuvo relacionada con una "protesta social" sino con una agresión directa donde los protagonistas llevaron "palos, piedras, gomeras, bates de acero y bombas caseras".

De los 14 acusados, diez pertenecen a Quebracho y los demás militan en las agrupaciones Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y Confluencia Política y Social 29 de Mayo.

Más Neoinstitucionalismo

Provincia de Entre Ríos, Argentina.

Cristina Fernández querella a parte del pueblo Argentino.

El conflicto entre el los ciudadanos de la ciudad de Gualeguaychú provincia de Entre Ríos, que se encuentra a  la vera de río Uruguay es en contra de la ya instalada fabrica de pasta de a (para crear papel) industria altamente contaminante si las hay) en la otra costa del mismo río que pertenece a la República Oriental del Uruguay.

Como protesta esos pobladores cortaron el puente que une ambas naciones, en su momento hace más de cuatro años en el inicio de la lucha, el entonces presidente en funciones Néstor Kirchner (esposo de la actual presidenta Cristina Fernández) concurrió un  acto masivo, más exactamente el 4 de mayo de 2006 en Gualeguaychú. Y declaro en su discurso: “Tenemos razón, el derecho está de nuestro lado. Esta es una cuestión ambiental que atañe a toda la Nación”, dijo ese día Kirchner.

Hoy En respuesta a esos antecedentes, el Gobierno sostiene que el fallo del Tribunal de La Haya modificó el escenario. Es decir el Neoinstitucionalismo hizo al gobierno argentino traicionar a parte del pueblo.

Mujica presidente de Uruguay, en reunión con

Cristina Fernández, consumando la traición.

Los delitos por los que el Gobierno denunció al los pobladores de Gualeguaychú son: entorpecimiento de transporte, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, homicidio culposo, apología del delito, entre otros. “Les tiraron el Código Penal por la cabeza”, fue la reacción que se escuchó entre quienes cubrían la aparición de Fernández y Alak. De los delitos que enumeró Aníbal Fernández (secretario de la presidencia) causó sorpresa la inclusión de la figura de homicidio culposo.

Mientras la misma presidenta Cristina Fernández, es parte querellante en contra del  pueblo de Gualeguaychú y la asamblea ciudadana, cometiendo traición a la lucha contra la contaminación del Río Uruguay y la responsable, Botnia.

Entonces con esta actitud del Gobierno, el fallecido esposo de la presidenta Fernández hubiera sido el primer imputado en la causa. Por que él alentó a los pobladores de la ciudad de Gualeguaychú a continuar con el corte.

En la imagen vemos a Néstor de espaldas. Frente a la gente de Gualeguaychú, en el mismo puente.

El decreto firmado por Cristina, esta basado en una idea del ex dictador Ongania, muy democrático de su parte.

Fuentes:

> Propias > Diario Pagina 12 de Argentina y otros.

> Blog de Aldo Ulises Jarma.

> Nota publicada Juan Federico Moreno desde Bogotá Colombia.

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> INTERNACIONALES - PARECE LEJANA PERO ESTÁ DENTRO DE NUESTROS HOGARES. COMO INFLUYE EN FORMA NEGATIVA EN NUESTRA

  VIDA COTIDIANA LA S.I.P.

  ¿Que es la Sociedad Interamericana de Prensa S . I . P . ?

  Investigación especial

En sitio web http://www.sipiapa.org/v4/ de la Sociedad Interamericana de Prensa (S. I. P.) leemos que es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas.

Y ellos dicen que sus principales objetivos son:

> Defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en las Américas.

> Proteger los intereses de la prensa en las Américas.

> Defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo.

 > Alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial.

 > Promover el intercambio de ideas e información que contribuye al desarrollo técnico y profesional de la

    prensa.

 > Alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las  

    Américas en apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual.

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El problema que en M I R A D A S  l La otra realidad l somos muy desconfiados y nunca tomamos las cosas como dadas. Entonces nos comunicamos con la periodista Yaifred Ron, porque teníamos información que esta gran profesional, realizó hace poco tiempo una investigación muy profunda sobre la historia y actividades verdaderas de esta, en apariencia, "sana y honrosa institución".

Hoy gracias la autorización de nuestra colega, Yaifred estamos en condiciones de darles a conocer en nuestro humilde medio el siguiente informe, para que usted pueda saber verdades que no publican los grandes medios, como los matutinos Clarín o La Nación de Argentina y tantos otros socios de la S. I. P. que tienen sus sedes desde Alaska, hasta Tierra del Fuego y así usted forme su propia opinión, ahora que tendrá las dos versiones a su disposición.

Los amos de la SIP.

Por Yaifred Ron.

La SIP era la competencia de Pravda, o Pravda era la competencia de la SIP, y entre la CIA, la Gestapo, la KGB, el Mossad, y el G2 no existe gran diferencia, todos son organismos de espionajes y de opresión de los estados burgueses, y todos los que militan en ellos son espías y servidores de esbirros gubernamentales, cada uno se visten con diferentes mascaras. Marcos Colome.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es un cartel de los grandes dueños de medios de comunicación del continente, que nació en el marco de la Segunda Guerra Mundial y se moldeó luego, al calor de la Guerra Fría, para protagonizar una historia de defensa de intereses oligopólicos, alianza con los poderes imperiales y atentados contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

La acción de la SIP, en ese sentido, está debidamente documentada y se ha basado en el empleo de esquemas de desestabilización que, al resultar exitosos, han sido repetidos y son repetidos todavía hoy, en toda la región latinoamericana. En estas páginas reunimos algunos ejemplos, estudiados por periodistas latinoamericanos, de cómo este grupo de propietarios de los medios ha implementado una tradición de presión contra gobiernos democráticos, con resultados nefastos.

Presentamos aquí los orígenes de la organización empresarial y su vinculación temprana con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como casos puntuales de desarrollo de propaganda negra por parte de la SIP contra los gobiernos que han promovido la libertad y progreso de sus pueblos, en contraste con el silencio y la complicidad mostrados con regímenes dictatoriales de la región, disimulando incluso el encarcelamiento y asesinato de periodistas.

En la última parte, intentamos exponer las manipulaciones que han permitido a la SIP no sólo continuar usurpando la representación del periodismo en la región, sino también abrogarse derechos que corresponden a las organizaciones sociales y no sólo a un puñado de poderosos propietarios de los medios. Para ello, hemos contado con la guía de dignos periodistas latinoamericanos que han luchado por rasgar las máscaras del poder mediático y han denunciado las perversiones de la actuación de la SIP, que han colocado a la gran prensa a espaldas de los pueblos.

Esperamos que este sea un aporte, entre muchos otros, al desarrollo de la necesaria conciencia crítica en contra de las manipulaciones y desinformaciones de los amos de la prensa.

La SIP y el panamericanismo imperial.

El germen de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hay que buscarlo en el concepto del panamericanismo. Pero no en el panamericanismo bolivariano del Congreso Anfictiónico de Panamá, sino en el panamericanismo imperial.

En la primera conferencia panamericana, celebrada en Estados Unidos, en 1889, se moldeó un aparataje orientado a organizar reuniones de gobiernos, con la intención, según sus creadores, de incentivar la comunicación y la colaboración entre los países, en condiciones de igualdad. Sin embargo, estas reuniones respondían en realidad a la preocupación de Estados Unidos por delinear las manifestaciones de control imperial, en vinculación con las oligarquías locales.

Este panamericanismo, de hecho, es entendido como una continuación de la famosa Doctrina Monroe de 1823, impuesta bajo el lema "América para los americanos", a través de la cual Estados Unidos declaraba que no permitiría a ninguna potencia no americana intervenir en el continente.

Bajo tal signo ideológico, fueron celebradas estas conferencias en distintos países de la región y en 1923, en la Quinta Conferencia Panamericana, en Santiago de Chile, se planteó la necesidad de organizar una reunión sobre la prensa.

Esa primera conferencia sobre la prensa se realizó finalmente en Washington, tres años después, y aun cuando los historiadores oficiales de la SIP insisten en señalar que se trataba de un congreso de periodistas, era esencialmente una reunión de empresarios. Así lo resalta el investigador Juan Gargurevich, en su libro "A golpe de titular. CIA y periodismo en América Latina", cuando afirma que aquella era la primera vez que se reunían tantos propietarios de periódicos de América Latina. "No está de más recordar que los temas tratados por las diferentes mesas (de la conferencia) no incluyeron los problemas de los periodistas mismos. A los norteamericanos les interesaban los dueños, no los empleados", escribe Gargurevich.

Luego de esta conferencia inicial, se continúa efectuando reuniones en varios países, sin concretarse la creación de la organización, hasta que en 1943, en La Habana, tiene lugar la conferencia que funda la SIP.

En ese momento gobierna en Cuba el famoso tirano Fulgencio Batista. El planeta estaba estremecido por la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética hacían sociedad para derrotar el fascismo. Este clima histórico, permeado por la existencia de un frente antifascista, permite que al fundarse la SIP se incluyan entre sus miembros, aunque de manera minoritaria, algunas publicaciones progresistas y de izquierda, entre ellas, el órgano de prensa del Partido Comunista cubano, el diario Noticias de Hoy, fundado en 1938.

Desde esa primera reunión de la SIP, las voces minoritarias progresistas intentan impulsar la unidad de los trabajadores de la prensa en la región y asumen el papel de denunciantes, en contra del papel jugado en América Latina por las grandes agencias de noticias, que actúan como reproductoras del mensaje imperial.

Sin embargo, la historia cambia al finalizar la guerra. Ya en 1947, ha comenzado la Guerra Fría que enfrenta a los antiguos aliados —EEUU y Unión Soviética— se perfila el maccartismo en Estados Unidos y se crea en ese año la Agencia Central de Inteligencia (CIA), hecho que tendría un papel fundamental en lo que el periodista cubano Ernesto Vera llama el golpe CIA-SIP.

Este golpe se consuma en el año 1950 y fue promovido un año antes en Quito, en el V Congreso Interamericano de Prensa, por la delegación estadounidense, integrada por tres personajes claves: un representante del Departamento de Estado, Tom Wallace, y dos altos oficiales de la CIA, Joshua Powers y Jules Dubois. El trío era encabezado aparentemente por Wallace, pero en realidad el personaje central, como se demostraría luego, fue siempre Dubois, quien coordinó durante 15 años después la labor de la CIA-SIP en América Latina.

Este trío plantea en Quito que la próxima reunión de la SIP tenga lugar en Estados Unidos, ya que los anteriores encuentros habían tenido como sede capitales latinoamericanas: México, La Habana, Caracas, Bogotá y Quito. Un grupo de latinoamericanos, entre ellos el periodista peruano Genaro Carnero Checa, se levantó contra la idea de escoger a Estados Unidos como país sede, asegurando que la discriminación racial y política en ese país no permitía que existieran las garantías necesarias para celebrar allí un Congreso.

La delegación norteamericana, luego de aceptar que la discriminación en su país era bochornosa, se comprometió a brindar las seguridades para la participación de todos los delegados, con independencia de sus ideas políticas. Finalmente, la propuesta se impuso y se aprobó que la reunión del año siguiente se realizara en Nueva York.

Al regresar a Estados Unidos, Wallace entregó un informe al Departamento de Estado, titulado "Background of previous Interamerican Press Meeting", en el cual queda al descubierto la maniobra. En ese documento, Wallace resaltaba que en la reunión de Quito habían alcanzado el éxito en los dos objetivos planteados por la delegación norteamericana: trabajar por una nueva constitución de la organización original y procurar que la próxima reunión se hiciera en suelo estadounidense bajo los auspicios privados de las publicaciones de Estados Unidos:

"Tuvimos éxito en ambos propósitos sin tener que provocar la creación cismática de otra organización y dejar de esa manera en descubierto que la prensa de Estados Unidos había tenido que provocarla por no poder controlar la organización", explicaba Wallace a sus jefes, en el informe citado por Gargurevich. De esta manera, había comenzado a gestarse el secuestro de la organización.

Las historias del tesorero.

Según la historia oficial de la SIP, 1950 fue el año "más importante para la organización". Fue precisamente en ese año cuando se refundó la SIP y quedó conformada tal y como la conocemos ahora, sin la participación de las pocas publicaciones progresistas que inicialmente habían sido incluidas en la Sociedad. A partir de ese año, se hacen claros los objetivos que la CIA conferirá al funcionamiento de la SIP en América Latina.

Pese a las garantías ofrecidas en Quito, los representantes de los órganos de prensa progresistas no fueron invitados a la reunión de ese VI Congreso Interamericano de Prensa. A algunos se les negó la visa de entrada a Estados Unidos bajo la acusación de ser comunistas. Cuando se quejaron ante los organizadores, Wallace les ignoró, indicándoles que la visa había sido negada por el gobierno y por lo tanto debían quejarse ante el gobierno.

Hubo incluso quienes llegaron hasta el aeropuerto de Idlewild, sólo para ser detenidos y devueltos por las autoridades de Estados Unidos, previo interrogatorio del FBI. Tal fue el caso del cubano Carlos Rafael Rodríguez, quien representaba al periódico Noticias de Hoy, pero era además el tesorero de la SIP, reelecto por tercera vez consecutiva, y por esta misma condición viajaba con pasaporte especial.

En una narración sobre este suceso, titulada "Crónica de una New York entrevista", Rodríguez cuenta cómo fue retenido en Ellis Island, tildado de peligroso por su ideología, considerado "inadmisible" en Estados Unidos, ignorado por la comisión organizadora del congreso y depositado por el FBI en una aerolínea venezolana que lo devolvería a Cuba. En esa crónica, Rodríguez describía con detalles las razones por las cuales a los gestores de la nueva SIP no les interesaba su presencia:

¿Por qué se me excluyó del Congreso?

Se sabía muy bien que yo iba a New York a denunciar todos los casos de violación de la libertad de prensa en América. Los organizadores norteamericanos obrando al dictado de Washington, querían condenar sólo a un grupo, cargando la mano a aquellos gobiernos que no tienen el beneplácito del State Departament. Para mí Videla es igual a Perón, y la Junta Militar Venezolana no es menos culpable que Prío.

En segundo término se temía —y hacían bien en temerlo— que yo utilizara la tribuna del Congreso para protestar contra la vergonzosa intromisión del embajador de Estados Unidos en México, Mr. Thurton, en la libertad de prensa mexicana, a la que pretendió dictar una política de sometimiento a los intereses de Washington.

Estos hechos han sido denunciados por el ilustre periodista don Martín Luis Guzmán y por más de sesenta escritores mexicanos.

Por último no se quería que yo pusiera de nuevo en debate la tesis mantenida en Quito: la "libertad de prensa" en Estados Unidos no es más que formal. En el fondo la prensa norteamericana es un instrumento monopolista de las grandes empresas. Estas son las conclusiones a que arribó desde 1947 una comisión de expertos nombrada por la Universidad de Chicago, y pagada por el ultraconservador Henry R. Luce, de la revista Time, y por la Enciclopedia Británica. Cuando dije estas cosas en Quito, Mr. Tom Wallace —que presidió el Congreso de New York— me contestó airado que quienes tal cosa decían eran "un manojo de tontos". De esa manera calificaba nada menos que a Robert Hutchins, canciller de la Universidad de Chicago; a Archibald Mc. Leish, subsecretario de Estado; al profesor de Economía en Columbia, John M. Clark; al profesor Arthur M. Schlesinger, de Harvard, y a otros conocidos intelectuales yanquis. Pero, como le repliqué a Mr. Wallace: puede pensarse que los investigadores universitarios son "tontos"; sin embargo, aunque sabemos que en el Senado de Estados Unidos hay una buena dosis de tontos, no son tantos como para formar mayoría. Y fue la mayoría la que en el informe de la Small Plants Comité, corroboró las ideas de que son verdaderos monopolios los que rigen la prensa americana.

Para impedir que se plantearan estas cosas se me retuvo en Ellis Island. Pero además, los organizadores yanquis tenían un propósito adicional. Pensaban dar —y dieron— un golpe de estado. Reformaron los Estatutos de la SIP de modo ilegal. Establecieron —arbitrariamente— el voto por publicaciones dando una artificial mayoría norteamericana. Arrebataron a Cuba la sede permanente de la Sociedad para radicarla en New York. Han destruido, en resumen, la Sociedad Interamericana de Prensa como entidad independiente, transformándola en un simple aparato político al servicio de los objetivos internacionales de Estados Unidos. Para hacer esto les estorbaba la presencia de algunos delegados. Yo les resultaba especialmente indeseable. (Rodríguez, 1950).

En efecto, antes de la conferencia del año 50, los estatutos de la SIP estipulaban que cada país tenía un voto dentro de la Sociedad, independientemente de la cantidad de órganos de prensa afiliados. El cambio de estatutos permitió tumbar el esquema "un país, un voto" y sustituirlo por "cada publicación, un voto".

En un intento por maquillar este golpe, la historia oficial de la SIP señala que hasta ese año, las conferencias de la organización se celebraban bajo los auspicios del gobierno del país anfitrión, con lo cual "las delegaciones se limitaban a sentarse y a votar por países, y los miembros no siempre eran periodistas". De acuerdo al lenguaje oficial, fue entonces para evitar estos "patrocinios" y hacerse "independiente" que se tomó la decisión de modificar los estatutos. Sin embargo, lo cierto es que en términos prácticos Estados Unidos pasó de un voto a 424 y se alzó con la mayoría. Es de suponer que estos 424 votos componen "el pequeño grupo de editores y directores de periódicos" estadounidenses que se habían sumado a la SIP en 1946, de acuerdo con los historiadores oficiales de la patronal.

Es por ello que Vera, en una entrevista ofrecida recientemente insiste en que, desde 1950 hasta nuestros días, hay una libertad de prensa secuestrada por el poder del dinero, de los recursos, y lógicamente sobre la base de una estrategia imperial: "Por eso digo que hay una mentira organizada y hay una verdad dispersa. Hay una mentira organizada, porque hay una estrategia imperialista y no hay una verdad organizada porque no tenemos todavía una estrategia antiimperialista. Eso funciona milimétricamente".

Voces dignas contra la SIP.

El golpe CIA-SIP generó malestar en Latinoamérica. Mientras la SIP repetía que representaba a los periodistas, cada vez se hacía más evidente el perfil de la organización, integrada por los grandes medios impresos conservadores de la región —marcadamente proestadounidenses— y guiada por intereses imperialistas y empresariales, pero no periodísticos.

Este malestar incubado en América Latina se puso de manifiesto en la conferencia siguiente, celebrada en 1951 en Montevideo, Uruguay, donde representaciones del país anfitrión, Brasil, Chile, Perú y Argentina proclamaron su abandono de la SIP y suscribieron el Acta de Montevideo, en la que denunciaban que los propietarios de los medios se habían abrogado la función de determinar donde había o no libertad de prensa, cuando los que tienen derecho a ello, además de la sociedad, son los periodistas.

Tras manifestarse en contra de este secuestro, el Acta de Montevideo indicaba que era preciso el nacimiento de una organización que agrupara verdaderamente a las asociaciones de periodistas, a fin de evitar que sus funciones siguieran siendo usurpadas por los dueños de los grandes medios.

En su libro "Breve historia de la SIP, el periodista Gregorio Selser registra entre las voces que se alzaron contra la SIP en 1951 al escritor y periodista venezolano Miguel Otero Silva, propietario de El Nacional de Caracas. En esa ocasión, Otero Silva reclamó que el cambio de estatutos aprobado en Nueva York violaba las normas más fundamentales de la organización, "dándole el carácter que ahora tiene: una entidad exclusivamente patronal de intercambio comercial, estrictamente controlada por los vendedores de papel, las agencias noticiosas y los buscadores de avisos que residen en Estados Unidos. Nada más inoportuno en ese ambiente que un periodista".

Otero Silva denunció además como tendencioso un informe de la SIP en el cual "mientras se le dedicaba 80 ó 90 por ciento de su contenido a relatar minuciosamente los atropellos cometidos por Perón contra la libertad de expresión, se tendía un piadoso y cómplice manto sobre las dictaduras latinoamericanas".

En ese mismo informe, continuaba Otero Silva, aparecía el tirano nicaragüense Anastasio Somoza "como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento" y se colocaban como arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos. Mientras tanto, "daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar", afirmaba indignado el escritor venezolano.

En este libro de Selser, citado por el periodista José Steinsleger, aparece otro testimonio de denuncia contra la SIP, proveniente de sus propias filas. De acuerdo con Selser, en 1958 uno de los ex presidentes de la SIP, el mexicano Miguel Lanz Duret (1909-1959), director de El Universal, renunció a la organización cuando supo que la SIP había solicitado su inscripción como corporación, dando como sede la ciudad de Dover, en Estados Unidos. Con esta acción, para Lanz Duret, "la SIP iría a depender, a todos los efectos jurídicos y legales, de las leyes norteamericanas, desmintiendo así su supuesta independencia y desvirtuando en los hechos la recomendable extraterritorialidad que le confería, por ejemplo, una sede anual móvil, distinto de la norteamericana".

Más recientemente, en el año 2000, una posición similar tuvo que ser adoptada por el diario uruguayo La República y la revista Posdata, los cuales hicieron pública su renuncia a la organización empresarial, al enterarse que el antiguo director de prensa de la dictadura militar en ese país (1973-1985), Danilo Arbilla, había sido nombrado presidente de la SIP.

La carta de renuncia a la SIP, firmada por el director de La República, Federico Fasano Mertens, y fechada el 24 de octubre de 2000, reprochaba que la designación de Arbilla como presidente de una entidad que tenía entre sus principales objetivos declarados "defender la libertad de prensa", constituía un insulto a la conciencia democrática de los pueblos americanos. "Su designación al frente del organismo que pretende velar por la libertad de prensa equivale a poner al zorro a cuidar el gallinero. Por todo lo antes dicho, el diario La República tiene el alto honor de renunciar, formal y públicamente, como miembro de esta Sociedad mientras el impostor continúe a su frente", concluía la misiva.

Mis amigos, los dictadores.

Como dice el periodista cubano Ernesto Vera, el terrorismo mediático tiene muchas manifestaciones. Aunque la mayoría de las veces se manifiesta en la acción de la SIP y sus afiliados, en no pocas ocasiones se manifiesta en la omisión. Los silencios de la SIP son igual de elocuentes, sobre todo cuando cubren sus alianzas con regímenes dictatoriales.

En el año 2005, este denunciado ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, cargó contra el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, a quien acusó de "manejar la publicidad de manera selectiva" y "tratar con desconsideración" a los medios de comunicación. Kirchner refrescó entonces el historial de Arbilla y recordó además al subdirector del diario argentino La Nación, Claudio Escribano, su complacencia con las atrocidades cometidas en Argentina durante la dictadura militar en ese país.

Esta vinculación de los dueños de la gran prensa con los regímenes dictatoriales latinoamericanos ha sido suficientemente documentada y citada en numerosas ocasiones, para demostrar que las preocupaciones de la SIP no se dirigen a la defensa de las libertades, sino a la preservación de intereses empresariales y oligárquicos.

En el caso Arbilla, éste había sido jefe de prensa de la última dictadura militar en Uruguay, que torturó y asesinó a ciudadanos uruguayos. De acuerdo al diario uruguayo La República, Arbilla fue designado en el cargo por el presidente Juan María Bordaberry y continuó desempeñando esas funciones luego de que el mandatario eliminara las instituciones republicanas contando con el respaldo militar, e incluso después de instaurada plenamente la dictadura.

Así, el diario recuerda que Arbilla fue cómplice del decreto presidencial del 27 de junio de 1973 que prohibía expresamente la divulgación por la prensa de todo tipo de información que "directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y el orden públicos"; durante su gestión entre 1973 y 1976, se clausuraron 173 medios de comunicación —14 de estas clausuras fueron definitivas— y se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la organización sindical de los periodistas. También fue desaparecido el subdirector del semanario Marcha, Julio Castro, y fueron encarcelados y torturados decenas de periodistas.

Un personaje parecido, el dominicano Germán Ornés, era el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP que dirigía cartas preocupadas al presidente chileno Salvador Allende por falsas violaciones a la libertad de prensa. Este mismo Ornés fue señalado por investigadores de distintas nacionalidades de haber actuado como adulador del dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo.

Otro ejemplo de la actuación de la SIP frente a las dictaduras lo encontramos en sus denuncias en el año 1974, cuando de acuerdo con la organización empresarial el peor enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado, debido a las medidas de expropiación de la gran prensa. Mientras tanto, la brutal represión y el amordazamiento en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay eran prácticamente ignorados por los amos de la prensa.

Los golpes de la SIP.

En paralelo a su relación con gobiernos dictatoriales, la historia del cartel de la gran prensa americana registra un buen número de agresiones en contra de gobiernos constitucionalmente constituidos, en consonancia con los intereses imperialistas en la región. En este sentido, Gargurevich destaca la temprana conformación de un eje CIA, SIP y agencias de noticias, como parte de la estructura de dominación estadounidense, formando un poderoso aparato para los planes desestabilizadores en América Latina.

Quizás el caso más emblemático de acción desestabilizadora de la SIP, haya sido el de su campaña de propaganda sucia contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, derrocado en 1973 por la combinación de fuerzas reaccionarias chilenas y la CIA, a partir de la implementación de una fuerte guerra psicológica.

El periodista chileno Hernán Uribe asegura que a lo largo de toda la historia de Chile, no hubo un período en el que reinara una libertad informativa de tal magnitud que incluso cayó en el libertinaje y en claras violaciones a la ética profesional, como en el período presidencial de Allende. El propio presidente Allende, en 1970, declaró a la agencia Prensa Latina que su gobierno estaría a favor de una irrestricta libertad de prensa, pero también propiciaría que todos los actores sociales y corrientes ideológicas tuvieran acceso a la opinión.

"Actualmente, esos derechos están consagrados formalmente, pero su ejercicio en la práctica aparece restringido a sectores minoritarios que tienen una situación prominente desde el punto de vista financiero", señalaba Allende, según un recuento hecho por el también periodista Ernesto Carmona. Sus palabras, obviamente, no podían gustar a los magnates mediáticos. Menos cuando Allende apuntaba hacia un tema central, al indicar que los medios en los regímenes capitalistas se convierten no en instrumentos de información, sino en instrumentos de desinformación de los intereses populares.

Guiados por la CIA, los medios opositores chilenos, con el diario El Mercurio a la cabeza, no podían responder a la petición de Allende de informar en forma objetiva y mantener con hidalguía sus puntos de vista. Por el contrario, se dedicaron a difundir falsedades y a intentar dar una imagen de persecución a la prensa, echándole leña al fuego en el que cocinarían la dictadura pinochetista. De allí que Allende reclamara, el 12 de febrero de 1973: "Nos hemos visto obligados a señalar la falta de autoridad moral y el interés tergiversado de aquellos que se cobijan en la Sociedad Interamericana de Prensa. No nos inquieta la crítica. No sólo la aceptamos, sino que la reclamamos".

Uribe resalta también que fue la CIA la encargada de manejar a la gran prensa chilena y a los afiliados de la SIP en una campaña de propaganda negra contra Allende, hecho corroborado por papeles desclasificados en Estados Unidos. En este marco, el diario El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards, quien fungía como vicepresidente de la SIP, recibió los dólares suficientes para su campaña contra Allende, y llegó incluso a dejar de circular durante un día, alegando amenazas, "con el objetivo de armar un escándalo desinformativo que clamara 'por el cierre' de El Mercurio".

De acuerdo con el periodista chileno, las falacias fueron tales que la campaña denunciaba que se agrediría a la prensa cortándole el suministro de papel, cuando en realidad el gobierno no tenía relación en el negocio del papel, pues el productor monopólico de ese elemento era una empresa privada.

En la investigación realizada por Gargurevich, se demuestra que esta campaña de desestabilización en el Chile de Allende incluía el deterioro de la imagen del gobierno de la Unidad Popular, tanto interna como externamente. Ese "frente externo" estaba conformado por los diarios miembros de la SIP. Las noticias eran redactadas por la CIA, difundidas por las grandes agencias de prensa y publicadas por los afiliados sipianos.

La SIP llegó incluso a reunirse en Santiago de Chile en octubre de 1972, reunión a la cual Allende no se negó, a pesar de la oposición de diversos sectores chilenos, conocedores de las intenciones de la organización. Aquella reunión en la que de nuevo se "defendía la libertad de prensa" tuvo, por supuesto, una amplia repercusión mediática.

El trabajo de la SIP y sus asociados en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954, también ha sido develado por documentos de la CIA, desclasificados en 1999, y recogidos en el libro "La CIA en Uruguay" del historiador Roberto García.

La investigación histórica hecha por García prueba que las prioridades propagandísticas establecidas por la CIA en contra de Arbenz eran de inmediato reflejadas por la prensa de derecha de Uruguay. Medios como El País y El Día publicaban editoriales sobre la "infiltración comunista" elaborados por la CIA, incluso con errores de traducción del inglés y descaradamente destacados por ambos periódicos con un solo día de diferencia.

Las pruebas se encuentran en documentos como "CIA, Guatemala­ General Plan of Action" (Doc. Nº 135875, 12 November 1953), que establece los contenidos esenciales del plan de desinformación continental contra Arbenz; y "CIA, Hemisphere Support of PBsuccess" (Doc. Nº 913376, 16 February 1954), que detalla los apoyos hemisféricos para el plan de desinformación.

Toda esta operación estaba coronada por la infaltable denuncia de la SIP sobre violación a la libertad de prensa en Guatemala. En su publicación oficial "Press of the Ameritas" (Num. 25, Vol. 1, marzo 1º de 1954), la SIP apoyaba sus preocupaciones en una conferencia de prensa ofrecida por Jules Dubois, presidente del Comité de Libertad de Prensa de la SIP, luego que el presidente Arbenz alertara que la prensa estaba fomentando una intervención extranjera en su país.

De la misma manera, Gargurevich establece en su investigación los paralelismos entre la operación puesta en marcha para derrocar a Allende en Chile con la campaña que logró la derrota del primer ministro de Jamaica, Michael Manley, en las elecciones de octubre de 1980, acusadas de fraudulentas. Manley había sido señalado por Estados Unidos de inclinarse hacia el comunismo —con todo lo que eso significaba en el marco de la Guerra Fría—, tras establecer relaciones diplomáticas con Cuba, sumarse a los no alineados, elevar los impuestos a empresas transnacionales y declarar que su país se encaminaba hacia un socialismo democrático.

En este caso, el papel que jugó El Mercurio en Chile fue adjudicado a The Daily Gleaner, que en 1979 fue acusado por la Asociación de Prensa de Jamaica de asumir una conducta no profesional, y cuya feroz campaña contra el gobierno de Manley fue ampliamente reproducida por los diarios afiliados a la SIP.

Es conocida también la vinculación CIA-gran prensa contra el gobierno sandinista en Nicaragua, denunciada en 1981 por los periodistas nicaragüenses; y en general contra los gobiernos nacionalistas, socialistas, progresistas en la región que tomen medidas que puedan afectar a los intereses de las oligarquías locales y de Estados Unidos.

La propaganda negra continúa.

Luego de probar con éxito estos esquemas de propaganda negra contra gobiernos democráticos y populares, el eje CIA-SIP continúa aplicándolos en América Latina, siendo obvia su utilización en el caso de Cuba, Argentina, con la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; Bolivia, con el gobierno de Evo Morales; Ecuador, con el presidente Rafael Correa; y Venezuela, con la Revolución Bolivariana impulsada por el presidente Hugo Chávez.

En el año 2005, el ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, denunciado por su vinculación con la dictadura uruguaya, cargó contra el gobierno del presidente Néstor Kirchner, al cual acusó de "manejar la publicidad de manera selectiva" y "tratar con desconsideración" a los medios de comunicación. La queja de Arbilla iba dirigida a la disposición del gobierno argentino de distribuir la publicidad oficial con criterio de equilibrio, entre los medios pequeños, medianos y grandes.

Contra Evo Morales, en el año 2006, la SIP señaló que en Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa ante el propósito de apoyar la formación de una red de medios comunitarias, a pesar de que estos medios constituyen una herramienta para la democratización de las comunicaciones, a través de la gestión de las propias comunidades.

En cuanto al gobierno de Rafael Correa, el periodista ecuatoriano Alberto Maldonado ha denunciado que la SIP ubica al presidente Correa como "hostil a la prensa", sólo por sus expresiones para calificar a determinados medios y representantes de la prensa, frente a acusaciones y calificativos que estos han usado en su contra sin ninguna discreción.

Sobre Venezuela, la SIP ha vertido numerosas acusaciones a lo largo del gobierno del presidente Hugo Chávez, reiterando el modelo de propaganda negra, según el cual estaría en peligro la libertad de expresión.

En el caso de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión —conocida como Ley Resorte— en el año 2004, la SIP, fiel a su precepto de que "la mejor ley de prensa es la que no existe", afirmó que esta legislación estimulaba la censura previa, cuando en realidad buscaba promover el derecho del pueblo a una información oportuna y veraz. Sin embargo, en abril de 2002, la SIP avaló el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Venezuela y no se pronunció sobre el black out informativo de los canales privados el 13 de abril, ni sobre el cierre de Venezolana de Televisión durante el efímero gobierno de facto.

Por otra parte, el lazo de la patronal de la prensa con los intereses de Estados Unidos ha quedado de nuevo en evidencia, como lo destaca Steinsleger, cuando el 13 de octubre de 2003, la entonces consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, ordenaba en teleconferencia a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos luego de una intensa represión policial.

La SIP defiende el viejo orden.

La Sociedad Interamericana de Prensa no sólo ha desatado campañas en contra de gobiernos legítimos, sino que ha tocado también a organizaciones internacionales del propio sistema de Naciones Unidas, que se han puesto al lado de los pueblos latinoamericanos en la lucha por la democratización de las comunicaciones. Así ocurrió en los años setenta contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cuando ésta promovía el derecho de los Estados a establecer políticas comunicacionales.

En esa década, los países no alineados iniciaron un ágil movimiento exigiendo la creación de un Nuevo Orden Económico Internacional (Noei) que superara las injusticias del orden que prevalecía hasta el momento. Aparejado a este Noei, el Movimiento de los No Alineados, en su Declaración de Argel de 1974, proclamó la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic), que contribuyera a la democratización de las comunicaciones, utilizando entre otras fórmulas, la definición de políticas nacionales de comunicación. Denunciaba el Noal al sistema informativo existente como un instrumento de dominación.

La respuesta de Estados Unidos contra esta propuesta fue inmediata y constituyó una cerrada defensa a la doctrina del libre flujo de la información, en lo cual de nuevo la SIP actuó como su aliada. A esa doctrina, los países del llamado Tercer Mundo oponían la exigencia de un flujo equilibrado, a través de la reestructuración de los sistemas de información y comunicación, contra la unidireccionalidad de los mensajes y la concentración mediática.

Las denuncias contra ese "libre flujo" encontraron una aliado en el informe "Un solo mundo, voces múltiples", presentado en 1980, resultado del trabajo de una comisión nombrada por la Unesco y presidida por el Premio Lenin y Premio Nobel de la Paz, Sean MacBride. En ese documento, conocido como Informe McBride, se exponía el desequilibrio del flujo informativo y se planteaba la necesidad de mayor justicia en el intercambio de información, así como de menor dependencia en relación a las corrientes de comunicación.

La SIP se convirtió en una de las más feroces voces opositoras al Nomic y a la implementación de políticas nacionales de comunicación (PNC), en una actitud reaccionaria de lucha contra cualquier posibilidad de democratización de la comunicación, que lógicamente atentaría contra los intereses de los poderosos grupos mediáticos.

El argumento central que alzaron en su ofensiva contra el Nomic fue el más trillado de toda la época de la Guerra Fría: ese nuevo orden olía a conspiración comunista y estaba impulsado por la Unión Soviética.

Para frenar cualquier acción gubernamental que favoreciera la democratización comunicacional, la SIP se unió a otra patronal regional, la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR). Ambas atacaron además en otro frente, al descalificar la acción de la Unesco, organismo que bajo la conducción del senegalés Amadou M'Bow había decidido impulsar el Nomic, estableciendo el vínculo entre comunicación y desarrollo. El acoso contra la Unesco no cesó hasta que Estados Unidos e Inglaterra anunciaron su retiro del organismo, denunciando la politización de este foro; y se obtuvo el nombramiento del español Federico Mayor Zaragoza, una figura considerada mucho más dócil ante los intereses dominantes. De allí que el investigador venezolano Oswaldo Capriles concluyera:

El castigo sufrido por Unesco es una de las principales lecciones que pueden sacarse en cuanto a la terrible fuerza que las organizaciones de agencias y medios noticiosos occidentales, en especial estadounidenses, tienen, no solamente en cuanto a capacidad específica para influenciar opinión a través de la tergiversación de la información, sino en cuanto a la capacidad para presionar directamente los gobiernos y obtener resultados políticos de tal gravedad en la escena de los organismos del sistema internacional de las Naciones Unidas. (1996, p. 42)

Los encargados de esta campaña fueron principalmente The New York Times, las agencias de noticias AP, UPI y AFP, y sobre todo la SIP y la AIR.

La acción de la SIP fue particularmente fuerte en 1976 en contra de la Conferencia de San José de Costa Rica, donde los gobiernos latinoamericanos se reunieron para debatir sobre políticas nacionales de comunicación. La SIP, al no haber solicitado el estatus de observador en la Unesco, no fue invitada a la reunión; sin embargo, la patronal emprendió una campaña asegurando que al no invitarla se rehuía el debate y, en un golpe de efecto, anunció una reunión paralela en San José, "bajo la gritona dirección de un periodista dominicano, ex portavoz del fenecido dictador Trujillo", como señalaba Capriles.

En un análisis detallado de la campaña de la SIP y la AIR contra la Unesco, Capriles indica que ambas patronales lograron inundar la prensa del mundo con una guerra de opinión en la cual se impuso la idea de la existencia de una "tesis Unesco", inspirada por la "extrema izquierda" y atentatoria contra la libertad de expresión. Adicionalmente, los ataques se concentraban contra aquellos países que apoyaban la conferencia, mientras que en los grandes diarios disminuían las noticias negativas sobre los países que se mostraban dispuestos a colaborar.

Los comunicados emitidos por la Unesco no eran publicados por casi ningún periódico, mientras que cualquier documento emitido por el llamado "Comité para la Defensa de la Libertad de Información", creado por la SIP y por el International Press Institute (IPI) como uno de sus frentes de batalla, era reproducido en todos los medios afiliados. La campaña de la SIP era repetida en Estados Unidos por los periódicos del grupo Hearts y el New York Times. Entretanto, desde "El Noticiero de la SIP", se mezclaban hechos sin conexión, acusaciones de antisemitismo, denuncias de maniobras de la "aplanadora rusa-Tercer Mundo" para arremeter contra la Unesco.

Aunque una de las estrategias aplicadas por la SIP fue insistir en un supuesto complot contra la libertad de expresión orquestado por gobiernos de extrema derecha y de extrema izquierda, lo cierto es que como revela Capriles:

"En los países de gobierno dictatorial existió de hecho un acuerdo tácito entre gobiernos y medios difusivos sobre la base de situaciones previas de entendimiento, lo que demuestra de paso que los medios comerciales no estaban exigiendo democracia o libertad, sino defendiendo privilegios oligopólicos para su actividad publicitaria, actividad que en cambio consideraban amenazada en aquellos países de régimen de democracia formal, por el hecho de ser en estos —o al menos en algunos de ellos— donde se había planteado el tema de las políticas de comunicación, como elemento necesario para un avance o perfeccionamiento de la democracia". (Capriles, 1996, p. 57)

Algunos de los acuerdos de esa reunión de Costa Rica consistían en crear una agencia latinoamericana y caribeña de noticias, establecer formas de cooperación para el desarrollo de las comunicaciones rurales, formar un consejo latinoamericano de comunicación social, exigir una circulación equilibrada de comunicación e información en el plano internacional y reconocer el derecho a la comunicación como derivado del derecho universal de expresión. Sin embargo, todos estos propósitos fueron abandonados por los gobiernos ante la fuerte presión mediática.

Particularmente en Venezuela, la SIP encontró el apoyo de la patronal Fedecámaras, que el 3 de agosto lanzó una declaración en la cual hablaba sobre la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión y alertaba contra el peligro totalitario.

Desde entonces hasta ahora, la SIP se ha mantenido actuando contra los intentos de reivindicación del derecho a la comunicación y a la información veraz. Es por ello que a finales de los noventa, acusó al gobierno de Rafael Caldera de tener tentaciones totalitarias, buscando impedir que presentara su propuesta del derecho a la información veraz en la VII Cumbre Iberoamericana, reunida en la isla de Margarita, en 1997.

En aquella cumbre, a pesar de la violenta oposición de la SIP, se aprobó por primera vez un párrafo que habla sobre garantizar el derecho a la información veraz, en el acuerdo 38 de esa conferencia, que aún está vigente. Este principio encontró luego caminos más firmes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra en el artículo 58 el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial.

El lenguaje de la SIP. ¿Libertad de prensa o libertad de empresa?

En su lenguaje oficial, la SIP se esmera en utilizar conceptos que legitiman su comportamiento y la autoerigen en un referente a la hora de definir qué es la libertad de prensa y de decidir quién respeta esta libertad y quién no. No obstante, cuando hace esto, está incurriendo en la usurpación de un derecho colectivo de los pueblos y oculta en nombre de quiénes actúa verdaderamente esta organización patronal. Veamos algunos ejemplos:

* La SIP se empeña en hablar como representante de los periodistas, pero como hemos visto, se trata de una organización empresarial que sólo representa a los dueños de los medios. Por lo tanto, no puede hablar en nombre del gremio periodístico, como lo han denunciado periodistas de todo el continente.

* La SIP se abroga el derecho de decidir quién viola y quién respeta la libertad de expresión. Como advierte el periodista Ernesto Vera, la libertad de expresión es un derecho individual, del cual se deriva la libertad de prensa, pero en el tiempo de los medios masivos se convierten en un derecho colectivo. Es entonces un derecho de la sociedad y no de los dueños de la gran prensa. Dejarlo efectivamente en sus manos, es como si confiáramos que el derecho a la salud fuera defendido y definido sólo por las grandes clínicas privadas.

Oswaldo Capriles, en su libro "Poder político y comunicación", señala también que la SIP utiliza la libertad de prensa para presionar en la opinión pública. Al presentarse como los encargados de definir en cuáles países hay libertad de prensa y en cuáles no, consiguen mantener presionados a los gobiernos y presentarse ante la opinión pública con un valor que no tienen. Recuerda además que se nos oferta la concepción dominante de la libertad de expresión como un exclusivo privilegio de los dueños de los medios.

En definitiva, ¿quién tiene derecho a la libertad de expresión, sino la sociedad? Es por eso que se denuncia con frecuencia la pretensión de la SIP de fusionar la libertad de prensa con la libertad de empresa, que no es más que la defensa de su capacidad de realizar negocios, tal y como lo expresa la Felap:

Siendo esta sociedad una agrupación nucleada con base en propietarios y editores de periódicos, la libertad de prensa que dice defender no puede ser otra que la libertad de empresa que necesitan sus miembros para participar en el comercio de la prensa y utilizar la noticia con una mercancía u objeto de consumo (2006, p. 28).

* La SIP pretende definir, sin la participación de otras instancias de la sociedad, qué es la libertad de expresión, un derecho que no les ha sido otorgado y del cual se han apropiado a partir de su poder económico. Esta pretensión de la SIP es muy clara en su Declaración de Chapultepec, en la cual se expresa una apología de un concepto de libertad de prensa que pretende una prerrogativa de los medios de difusión. La organización empresarial inició el proyecto de Chapultepec en 1994 y actualmente asegura que los diez puntos establecidos en la Declaración se han establecido como "el estándar reconocido mediante el cual el hemisferio mide la libertad de prensa y expresión". De hecho, aseguran que a partir de 1994, se ha tomado "un concepto abstracto", como el de libertad de expresión y se le ha dado una configuración que ha permitido que la gente ya no dé respuestas "confusas, esporádicas e incoherentes" cuando se le pregunta qué es libertad de expresión.

* La SIP invariablemente se presenta como la defensora de la prensa independiente. Vistos los cuantiosos ejemplos de manipulación y desinformación, habría que preguntarse, ¿esa prensa es independiente de qué? Independiente de los intereses populares; dependiente de los dueños del dinero y del poder.

* La SIP se opone duramente al concepto de información veraz, alegando que si lo aceptan tendrían que rendirles cuentas a los gobiernos, y que estos podrían censurar a la prensa al ser los que definan qué es la información veraz. Es esta una falsa dicotomía, porque es la sociedad la encargada de denunciar a los medios cuando mienten. El dilema no es SIP vs. Gobierno, sino SIP vs. Sociedad.

* La SIP siempre se ha manifestado en contra de las leyes de prensa, defendiendo en su lugar el concepto de autorregulación. Sin embargo, el hecho de que alguien tenga dinero para poseer un medio de prensa que alcanza a centenares de miles o millones de personas, no lo coloca sobre la sociedad o al margen de la sociedad; igual debe responder y asumir una responsabilidad ética y social; si no, estaríamos ante la paradoja de un poder antidemocrático que actúa como contralor de otro poder, este sí democráticamente constituido, sin tener que rendir cuentas y sin posibilidad de ser cambiado.

Habría que recordar, como lo hace Vera, que la prensa se apoya para su existencia en preceptos constitucionales que no se compraron con dinero, sino con el sacrificio y la sangre de todos los que lucharon por tener independencia.

Poderosos, pero no todopoderosos.

A pesar de este historial de alianzas imperialistas, manipulaciones y desinformación, en los últimos tiempos gobiernos progresistas, de izquierda o revolucionarios, han logrado obtener victorias en procesos electorales en América Latina, aun en contra de la voluntad y la posición de los grandes medios de prensa, lo cual representa una derrota para los poderosos de la SIP. Esto evidencia, sin duda, un crecimiento de la conciencia crítica de los pueblos, aun cuando las campañas de propaganda negra continúan haciendo daño e intentando doblar la voluntad popular de avanzar hacia la transformación de nuestras realidades.

Una idea defendida por Ernesto Vera, luego de años en el ejercicio del periodismo, es que los dueños de los medios son poderosos, pero no todopoderosos. Y su punto débil radica precisamente en que su mensaje ofende la inteligencia humana y no se identifica con la realidad de la inmensa mayoría de los destinatarios. Es por ello que aun con menos recursos, tecnológicos y financieros, es preciso insistir en la tarea de desarrollar la conciencia crítica sobre lo que significan esos medios y sobre quiénes son sus dueños, y los dueños de esos dueños.

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> INTERNACIONALES - COMO EE UU DESESTABILIZA A TODA AMÉRICA LATINA Y A NOSOTROS, SUS MILLONES DE HABITANTES.

> LOS ATAQUES SECRETOS DE EE UU CONTRA AMÉRICA LATINA.

  ¿Que es la U.S.A.I.D.?

La guerra secreta contra nuestra Argentina y Latinoamérica toda.

Por Fortunato Esquivel. 16.9.2010

El presidente Evo Morales, volvió a denunciar a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y  tras acusarla de infiltrarse en los movimientos sociales, para provocar conflictos al gobierno tendentes a su desestabilización. Esto último se repite en todos los países de América Latina.

El presidente Evo Morales, volvió a denunciar a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y tras acusarla de infiltrarse en los movimientos sociales, para provocar conflictos al gobierno tendentes a su desestabilización, advirtió sobre su expulsión de persistir en esos afanes.

 Tarea imposible para Morales. USAID jamás se moderará. Esta es una entidad, parte del dominio que ejerce el imperialismo norteamericano en América Latina, África y Asia. Es engranaje de una elaborada estrategia del capital monopólico destinado a cooperar en el incremento de los intereses del imperio.

Esta maquinaria fue montada después de la segunda guerra mundial y está constituida por USAID, Alianza para el Progreso (CIAP), sustituida luego por la Fundación Interamericana (IAF), el Banco de Importaciones y Exportaciones (Eximbank), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial (BM), Organización para el Fomento de Inversiones en América Latina (Adela) y sus otros brazos financieros.

USAID inició actividades bajo el gobierno de Harry S. Truman en 1946 y desde entonces ha distribuido más de 200 mil millones de dólares en “ayudas” militares y económicas a los países donde ejerce su dominio en protección de sus intereses. ¿Cuánto le debe Bolivia a este organismo?, es un dato que se debe conocer.

USAID, utiliza por lo menos cuatro tipos de programas y ellos son: “Préstamos para el Desarrollo, Programas de Ayuda Técnica, Fondos para Emergencias y el Programa de Apoyo Militar-Político. Este último es parte de un vasto aparato de espionaje e intervención estadounidense.

El Programa de Apoyo Militar-Político es la razón de su existencia, pues está destinado a frenar y destruir los movimientos revolucionarios en América Latina y para ello tiene elaborado  un manual represivo confidencial, que en Bolivia fue revelado por el desaparecido periódico “Hoy” en su edición del 23 de noviembre de 1978.

USAID actúa de manera directa entre la agencia y el gobierno del país donde actúa y de manera indirecta a través de las empresas monopólicas, siguiendo objetivos económico-políticos prefijados. Este organismo, dispone de dinero para los inversores yanquis. Incluso invierte directamente para lograr influencia.

El pedido de moderación que hizo el presidente Morales, no será cumplido nunca, porque USAID fue organizada para eso, para conspirar y derrocar gobiernos revolucionarios y ahora tendrá más ayuda pues el Presidente Barak Obama, acaba de aprobar nuevos programas de “guerra secreta” y “operaciones especiales” a nivel mundial. Bolivia y Venezuela se encuentran en la mira.

OBAMA PEOR QUE BUSH

Una investigación publicada por el periódico Washington Post, señala que Barak Obama acaba de autorizar la expansión de la guerra secreta contra grupos radicales, incrementando el presupuesto necesario.

De acuerdo al Post, las operaciones especiales se realizan en 75 países con el concurso de 13 mil efectivos militares y civiles, expertos en operaciones de inteligencia, guerra psicológica, asesinato selectivo, misiones de entrenamiento, acciones clandestinas y otros.

La periodista venezolano-estadounidense, Eva Golinger, señala en uno de sus recientes artículos que el investigador Jeremy Scahill, descubrió que la administración de Barak Obama envió equipos élites de fuerzas especiales, bajo el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas a Irán, Georgia, Ucrania, pero también a Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú.

El canciller Choquehuanca, negocia la reapertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero como se puede comprobar, ni el gobierno de Obama ni USAID cambiarán sus políticas. En esas condiciones, ¿no sería mejor, postergar una embajada de Estados Unidos en Bolivia?

Planes norteamericanos para desestabilizar gobiernos, existen en numerosos lugares. Están preparados y Washington sólo espera el momento para activarlos. El artículo de Golinger, hace referencia a un alto militar del Pentágono, quien afirmó que Obama está permitiendo muchas acciones, estrategias y operaciones que no fueron autorizadas durante George W. Bush.

MÁS PLATA PARA DESESTABILIZAR

Habrá dinero de sobra para conspirar y financiar a organismos como “La Torre” en nuestro país que hace dos años, casi tumban a Morales con un alzamiento gamonal que por entonces se denominó el “golpe cívico-prefectural”, coordinado por el entonces embajador Philip Goldberg, expulsado oportunamente.

Obama, acaba de solicitar un aumento de 5,7%  destinado al presupuesto para Operaciones Especiales del año 2011. Pidió 6.3 mil millones de dólares, además 3.5 mil millones adicionales, para operaciones clandestinas de contingencia. Para 2011, el total del presupuesto de defensa llega a 872 mil millones de dólares, con 75 mil millones sólo para la comunidad de inteligencia. Dinero hay de sobra.

Al comenzar el año 2009, el Presidente Obama firmó la “Doctrina de Guerra Irregular”, priorizándola sobre la guerra convencional. En ésta, el campo de batalla no tiene límites, pues las tácticas y estrategias son no tradicionales. La subversión, el uso de fuerzas especiales para operaciones clandestinas, son las principales técnicas para desestabilizar al adversario “desde dentro”.

Para llevar a cabo estas tareas, agencias como USAID, la National Endowment for Democracy (NED) y Freedom House, servirán para canalizar dineros a los actores que se promueven desde Washington. La “sociedad civil” y los movimientos sociales son penetrados en los países donde se supone que los intereses imperiales pueden ser afectados.

Golinger, dice en su artículo, que una fuente de las fuerzas especiales norteamericanas comentó: “Ya no tenemos que trabajar desde las embajadas, ni tenemos que coordinar con el Departamento de Estado. Podemos operar desde donde queremos”.

Este año, Venezuela estuvo a punto de ser clasificada como “Estado terrorista”, pero Washington la sacó de la lista para no perjudicar la venta de petróleo a Estados Unidos. No es pues raro que sobre Bolivia, estén surgiendo acusaciones de sectores opositores sobre un presunto incremento del narcotráfico. El gobierno tiene que tomar en cuenta a esos voceros del imperialismo que buscan promover un cambio de régimen.

Guerra avisada, no mata moros, señala el refrán, pero es necesario estar preparados ante las acciones que se llevan a cabo desde las ONG´s de USAID.

 El próximo año, tendrán más presupuesto para corromper a los que siempre están dispuestos a venderse.

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