*C O L U M N A 8*	> NOTAS - OPINIÓN - INFORMES ESPECIALES - REPORTAJES
E s a s c o s a s... q u e l o s g r a n d e s m e d i o s n u n c a p u b l i c a n . l L a o t r a r e a l i d a d l El espacio de periodismo independiente y sin patrones de Mire Buenos Aires.

Noticia con Opinión - Denuncia. 16.12.2001.

> PARAGUAY - CONTINÚAN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.

Otra vez el gobierno y la justicia paraguayas violan derechos fundamentales de presos y de defensores de Derechos Humanos.

Por Eduardo Soares: (Presidente de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina)

LA GREMIAL DE ABOGADOS EXIGE GARANTÍAS Y SEGURIDAD PARA MIRIAM PAZ.

No es la primera vez, y aunque nos apene admitirlo, seguramente no será la última, que nuestra Gremial de Abogados debe dirigirse a la opinión pública internacional para poner en consideración los atropellos y el desprecio por parte del Estado y gobierno paraguayos de la integridad física y síquica y de los derechos y garantías de los detenidos en sus prisiones. Asombrosamente, consiguen hacerlo aun peor cuando se trata de detenidos por causas políticas.

Podríamos enumerar, incluso ateniéndonos a los circunspectos informes de los organismos internacionales que han tomado cartas en el tema, una larga serie de violaciones que abarcan desde las normas jurídicas retrógradas, las estructuras materiales y sistemas carcelarios siniestros, las detenciones en lugares prohibidos por los Tratados, la corrupción como sistema normalizado de funcionamiento y, como consecuencia de todo ello pero más allá aun, el absoluto desprecio por la dignidad humana que suponen las cárceles y lugares de mantenimiento de prisioneros del estado paraguayo. Y, tal vez, en comparación, lo que venimos a denunciar pueda parecer menor e incidental. Pero este caso presenta características que no pueden ser pasadas por alto.

La documentalista, periodista y defensora de los Derechos Humanos argentina, Miriam Paz, viajó a Paraguay a la presentación de un documental sobre la dura realidad de las trabajadoras sexuales de Asunción. Consecuentemente con el respeto y el compromiso solidario que generan los luchadores sociales y políticos del entrañable pueblo paraguayo, concurrió, el sábado reciente, a visitar a distintos presos por razones políticas, entre ellos al señor Osmar Martínez, antiguo secretario general del partido Patria Libre, quien cumple condena en un cuartel policial, situación que de acuerdo a los estándares internacionales permite que pueda ser considerado un virtual rehén del gobierno paraguayo, al igual que los otros condenados por hechos con trasfondo político que allí se encuentran.

Al retirarse de la visita, le fueron confiscados papeles sin ningún tipo de justificación ni de recaudos legales, en abierta violación de sus derechos y los del detenido. Dichos papeles, que según las autoridades del cuartel iban a ser puestos en manos de la Fiscalía Antisecuestros, fueron hechos públicos inmediatamente, así como la identidad y datos filiatorios de la visitante, la que se vio envuelta en una serie de especulaciones y acusaciones descabelladas.

En comunicaciones anteriores sobre las prácticas del estado paraguayo mencionábamos que este tipo de prácticas ponían en cuestión la capacidad de determinadas instituciones para estar a la altura de los cambios democráticos que experimenta el Paraguay. El transcurso del tiempo y los innumerables hechos protagonizados por el conjunto de las instituciones de ese país (aplastamiento de cualquier vestigio de independencia de los jueces –como en el caso Bonzi-; acusaciones oficiales contra los organismos defensores de los Derechos Humanos –CODEHUPY-; reiterada recurrencia al estado de excepción y la militarización de áreas de conflicto social y político; contumaz y cínica persistencia del Poder Judicial paraguayo en la violación de los tratados internacionales y la propia Constitución en el caso de la prisión preventiva sin juicio por casi 6 años de los seis campesinos extraditados desde Argentina, etc.), parecen despejar las dudas.

Queremos creer, sin embargo, que no es ocioso recordarle a los tres poderes constitucionales del Paraguay, algunas realidades o, si ellos así lo prefieren, algunas opiniones.

Existe un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976 y al cual Paraguay adhirió en 1992, que establece en su artículo 10, 1: Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y que respecto al preciso significado de esto último, establece en su artículo 18,1: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Y en el apartado 3 del mismo artículo: La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. (El subrayado y la “negrita” son nuestros.)

Pero además, el artículo 4 establece que el Pacto no autoriza la suspensión del artículo 18 ni aun “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en suArtículo 13 -Libertad de Pensamiento y de Expresión- establece que:1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias

(El subrayado y la “negrita” son nuestros.)

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer en el año 2008 losPrincipios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en cuyo Principio II, profundizando lo establecido en el Principio I, se expresa: Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad. Y además, se advierte: Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de … opiniones políticas o de otra índole, … En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos a las personas privadas de libertad.

Por supuesto, en su Principio IV, se hace una observación de la mayor importancia para el caso considerado: Las órdenes y resoluciones judiciales o administrativas susceptibles de afectar, limitar o restringir derechos y garantías de las personas privadas de libertad, deberán ser compatibles con el derecho interno e internacional. Las autoridades administrativas no podrán alterar los derechos y garantías previstas en el derecho internacional, ni limitarlos o restringirlos más allá de lo permitido en él.

Asimismo es oportuno recordar que el artículo 30 de la propia Convención Interamericana manifiesta que: Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Y que, en la Opinión Consultiva 6 de la Corte Interamericana, ésta consideró que: “Al leer el artículo 30 en concordancia con otros en que la Convención autoriza la imposición de limitaciones o restricciones a determinados derechos y libertades, se observa que exige para establecerlas el cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones:

a. Que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención y en las condiciones particulares en que la misma ha sido permitida;

b. Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que obedezcan a ‘razones de interés general’ y no se aparten del ‘propósito para el cual han sido establecidas’. Este criterio teleológico, cuyo análisis no ha sido requerido en la presente consulta, establece un control por desviación de poder; y

c. Que tales restricciones estén dispuestas por las leyes y se apliquen de conformidad con ellas”.

Y finalizó diciendo: que la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.

Es de destacar que la misma Corte, por ejemplo, consideró, en sentencia de 20 de noviembre de 2009 (caso Usón Ramírez vs. Venezuela) que “el Estado es responsable por la violación del artículo 13.1 y 13.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio del señor Usón Ramírez, en tanto las restricciones impuestas resultan abusivas al derecho a la libertad de expresión, no cumplen con un propósito legítimo, ni son necesarias o proporcionales en una sociedad democrática”. Esto porque un Tribunal venezolano había establecido como condición para el beneficio de libertad condicional, una serie de condiciones y prohibiciones, entre ellas las particularmente objetadas por la Corte que prohibían al sentenciado “asistir a manifestaciones, caminatas, marchas, concentraciones, reuniones, entre otras, de carácter político en razón de la pena accesoria…” y “dar declaraciones a los diferentes medios de comunicación social (impresos, radiofónicos, audiovisuales, entre otros) del caso que se ventiló en la presente causa”.

Por último, es menester recordar, pues entendemos que esto sí debe ser del conocimiento de las autoridades paraguayas, el artículo 36 de la Constitución del Paraguay:

El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas o de cualquier otra especie, las colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos de valor testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. La ley determinará modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios.

Las pruebas documentales obtenidas en violación a lo prescripto anteriormente carecen de valor en juicio.

En todos los casos se guardará estricta reserva sobre aquello que no haga relación con lo investigado.

Resumiendo, sostenemos que resulta manifiestamente ilegal y violatoria de la propia Constitución paraguaya y de los Tratados y estándares internacionales, tanto en lo que hace a los derechos en general de la persona humana, como en lo particular de las personas privadas de su libertad, la actitud del gobierno de Paraguay -de sus autoridades administrativas policiales-, de confiscar escritos del señor Osmar Martínez,sin sustento ni en leyes ni en procedimiento judicial alguno; configurando una actitud que debe ser denunciada y repudiada.

Pero debemos todavía abordar una segunda cuestión que debe llamar a alarma de todos aquellos que permanecen atentos al avance de los ataques contra los defensores de los Derechos Humanos en distintos lugares del mundo.

La señora Miriam Paz es una reconocida militante de la solidaridad con los luchadores sociales y políticos perseguidos por el sólo hecho de serlo, los que han sufrido y sufren injusticias y violaciones a sus derechos fundamentales. Desde su profesión de documentalista ha sido permanente sostén y difusora de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, pero también de la de incontables activistas por las reivindicaciones de las mayorías postergadas y las minorías discriminadas.

En ese sentido, y a riesgo de volver a sentirnos escribiendo en la arena, quisiéramos traer a consideración de las autoridades políticas y judiciales del Paraguay algunas expresiones de laDeclaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 85a. sesión plenaria del 9 de diciembre de 1998:

a) En su artículo 9, inciso 3, apartado c, establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a: Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

b) En su Artículo 12:

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

c) En su Artículo 17: En el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática.

d) Y finalmente, como deberían tener presente los distintos poderes de un sistema que gusta presentarse a sí mismo como de transición a una democracia plena, en su artículo 18, inciso 2: A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Por lo demás, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha reiterado, en diversas sesiones, su exhortación “a los Estados Miembros a que continúen intensificando los esfuerzos para adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad y la integridad personal de los defensores de derechos humanos, y a que en todos los casos de violaciones contra los defensores de derechos humanos se realicen investigaciones completas e imparciales garantizando la transparencia y la publicidad de sus resultados finales”.

Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas, de 2006, “su reconocimiento por el admirable trabajo de miles de defensoras y defensores de derechos humanos para dar efectividad a los derechos humanos de los habitantes de la región americana. La Comisión estimula y apoya a las defensoras y defensores de derechos humanos y reconoce que éstos son el enlace entre la sociedad civil en el plano interno y el sistema de protección de los derechos humanos en el plano internacional. Su papel en la sociedad es fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho”. Además, en su 141º período ordinario de sesiones de este año, ha decidido crear laRelatoría sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

El gobierno paraguayo y el Ministerio Público de ese país llevaron adelante una campaña, en octubre de 2010 contra la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay), institución de gran trayectoria y prestigio, a la que veladamente acusaron de ser funcionales a la estrategia de la organización Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), por realizar una presentación ante la CIDH por distintos casos de tortura durante los recurrentes operativos que las fuerzas armadas y de seguridad realizan en el norte del país. Quienes no lo hicieron en forma velada, sino en forma extremadamente agresiva, fueron los medios de comunicación del país, ante la pasividad, no sólo de esas mismas instituciones, sino del Poder Judicial.

No es de extrañar, entonces, la desaprensión con que las autoridades políticas y judiciales han tratado el tema de la visita de una defensora de los Derechos Humanos a un preso político. En ese sentido, con toda razón, la señora Paz ha manifestado públicamente que considera a estos hechos como claros actos de intimidación sobre su persona, que responsabiliza al Estado paraguayo y sus fuerzas de seguridad por su integridad física, que se reserva el derecho de iniciar acciones legales a todos los medios de comunicación que han creado una ominosa atmósfera alrededor de su permanencia en territorio paraguayo y ha denunciado a las fuerzas policiales de haber violado el Art. 36 de la Constitución Nacional de Paraguay.

Exhortamos una vez más a los poderes públicos de la querida República de Paraguay a abandonar definitivamente concepciones y prácticas que no se condicen con el Estado de Derecho que pretenden liderar y a entender que la persistencia de estas prácticas sólo redundarán en el desprestigio de sus instituciones y en el desprecio y distanciamiento de su propio pueblo, el altivo y digno pueblo paraguayo y de todos las mujeres y hombres bien nacidos del mundo.

Fuente: Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina.

ANTERIOR - RELACIONADA.

Noticia - Informe especial. 15.3. 2011

> INTERNACIONALES - ARGENTINA COLABORA CON LA REPRESIÓN DE

CAMPESINOS PARAGUAYOS.

Forman a militares para combatir al EPP.

Comunicado de Gremial de Abogados de Argentina.

Frase de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la República Argentina.

Porque nació el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el grupo más desconocido de América Latina.

De acuerdo a las declaraciones de Fernando Lugo, el Ejército Argentino estaría formando, a partir de un acuerdo de sus respectivos ministerios de defensa, a militares paraguayos para combatir al Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) y junto con ellos a toda la resistencia campesina. Repudio y denuncia de la Gremial de Abogados.

El presidente Fernando Lugo da apertura al curso de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa habilitó por primera vez este año un curso de inteligencia para formar a 15 militares que se dedicarán a combatir al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que, según su particular óptica, son terroristas, narcoterroristas y grupos que se dedican al crimen organizado y tráficos ilegales que atentan contra la estabilidad y el desarrollo de los pueblos.

."El objetivo es preparar, capacitar y especializar los recursos humanos necesarios para hacer frente a las amenazas emergentes", expresó en su discurso el director del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), Gral. Cecilio Ramón Lezcano Dávalos.

El curso de Inteligencia Estratégica es uno de los cuatro cursos que lanza este año el Ministerio de Defensa junto a la maestría de Planificación y conducción estratégica nacional, Liderazgo estratégico y Planificación estratégica con énfasis en desarrollo.

El programa de Inteligencia está dirigido a oficiales superiores diplomados de Estado Mayor y será de carácter intensivo de 12 semanas de duración. Sus docentes son de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército de la República Argentina, informó el Gral. Lezcano Dávalos.

El ministro de Defensa, Gral. (SR) Cecilio Pérez Bordón, informó también ayer a los periodistas que los civiles se podrán inscribir en el curso de Inteligencia en una próxima oportunidad, pero en esta primera parte se habilita exclusivamente a los militares.

Comunicado de Gremial de Abogados de Argentina:

3 de Marzo de 2011

EXIGIMOS AL GOBIERNO ARGENTINO EL CESE INMEDIATO DE COLABORACIÓN CON LA REPRESIÓN EN PARAGUAY.

Como GREMIAL DE ABOGADOS estamos consternados por la noticia que adjuntamos referida a la amplia colaboración de oficiales de inteligencia del Ejercito Argentino para con las Fuerzas Armadas paraguayas en tareas de combatir y reprimir a organizaciones populares en especial a los campesinos.-

En su oportunidad repudiamos al Gobierno Paraguayo del presidente Lugo por la militarización de las zonas donde más ha arreciado las luchas de los campesinos paraguayos por sus derechos y su dignidad.- Casualmente son las zonas sobre las cuales se cierne la amenaza de los grandes pooles sojeros que arrasan no sólo con los pequeños campesinos cultivadores sino con todo el ecosistema; pooles que ya se han apoderado de gran parte de las mejores tierras del Paraguay.-

Nuestra GREMIAL DE ABOGADOS también repudió los convenios entre el Presidente Lugo y el genocida presidente colombiano Álvaro Uribe por medio de los cuales se garantizó la continuidad del asesoramiento y la formación de las fuerzas policiales y el Ministerio Público paraguayos por parte de los peores genocidas colombianos.- Así como ininterrumpidamente vienen haciéndolo la tristemente célebre USAID y los entrenadores militares yanquis.-

Pero esta noticia de que somos ahora los argentinos quienes enviamos oficialmente nuestros militares de inteligencia para colaborar en la represión, según la información, debido a un acuerdo entre los ministerios de Defensa de ambos países, nos llena de sorpresa e indignación.-

En consecuencia exigimos al Gobierno Argentino en primer lugar que desmienta la versión de los medios y del Gobierno Paraguayo en el supuesto caso que la misma sea falsa.-

El Gobierno Argentino debe explicar a la opinión pública porque razón las Fuerzas Armadas, y dentro de ellas, sus oficiales de inteligencia, en vez de trabajar sobre hipótesis de defensa de nuestra soberanía ante agresiones externas o ante la ocupación de partes inalienables de nuestro territorio nacional, se forman y, a su vez, pretenden formar a otros, sobre hipótesis del tipo "amenazas emergentes, terrorismo, narco-terrorismo, crimen organizado, tráficos ilegales", etc., que son propias, en términos de nuestra Constitución y nuestras leyes, de Fuerzas de Seguridad.

Si esta información, avalada y sostenida aparentemente por el propio presidente del Paraguay, resultara cierta, exigimos al Gobierno Argentino que reflexione acerca de que no se puede colaborar en la represión a un pueblo hermano como el Paraguayo, tal como hicieron las dictaduras militares en el pasado, estando aún fresca en la memoria de todos el nefasto "Plan Cóndor", algunas de cuyas prácticas hoy son juzgadas en nuestros tribunales. Estos juicios, precisamente, se convertirían en ceremonias vacías si, modificando las formas y los discursos, se incurriera en prácticas semejantes.

Dejemos de ser cómplices de las grandes oligarquías terratenientes sojeras que se ensañan contra los mas débiles campesinos y sus organizaciones.-

El combate a la organización campesina Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) es una simple excusa para reprimir, invadir pequeños asentamientos agrarios y permitir la expansión de los conglomerados sojeros.-

Exigimos repudio absoluto y presión y pedidos de informes a los Poderes Ejecutivos y Legislativos argentinos a fin de que cese la situación que aquí denunciamos.-

GREMIAL DE ABOGADOS. Buenos Aires, Argentina. Marzo de 2011.

Fuentes: Agencia Rodolfo Walsh y Gremial de Abogados.

Frase de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la República Argentina que desde sus ministerios colaboraría con la represión de campesinos en Paraguay.

Yo sé que este compromiso con los más vulnerables, que este compromiso con los más pobres, que este compromiso con los intereses del país, molesta a algunos sectores del privilegio, pero no me interesa, no he llegado a presidenta para caerle simpática a los poderosos, he llegado a presidenta para reparar, para restituir, para devolver, para volver a hacer justicia.

> INTERNACIONALES - LA OTRA REALIDAD.

Porque nació el Ejército del Pueblo Paraguayo, el grupo más desconocido de América Latina.

En el departamento de Concepción, al norte de Paraguay, una de las guerrillas más desconocidas del planeta secuestra a terratenientes en lugares olvidados por el Estado. EL PAÍS se adentra en tierras de guerrilla: pobreza, haciendas, matones y marihuana.

Al norte de Paraguay, en el departamento de Concepción, la tierra es roja y ancha, con hermosos y pésimos caminos, jalonados de grandes hormigueros, y algunas manchas de bosques verdes y tupidos. Y, sobre todo, con enormes haciendas, más de un millón de cabezas de ganado y decenas de miles de hectáreas, en las que nadie sabe muy bien qué ley es la que rige: si la del Estado o la del estanciero.

Por aquí, en alguna de estas espesuras, estuvo 93 días, encadenado a una hamaca y tapado con un hule, el ganadero Fidel Zavala, hasta que, el pasado mes de enero, sus familiares pagaron 500,000 dólares de rescate, lanzados en dos bolsas desde una avioneta, en un punto determinado con GPS. Por aquí, en Tacuatí, fue también secuestrado en julio de 2008 el ganadero Luis Lindstron, que pagó 400,000 dólares por recuperar la libertad. En Hugua Ñandú, a pocos kilómetros, atacaron e incendiaron la precaria comisaría local y dos policías resultaron heridos.

El grupúsculo del EPP.

Ésta se supone que es la tierra por donde se mueve el pequeño Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una veintena de hombres y mujeres que constituyen la guerrilla más desconocida de América Latina.

Desigual distribución.

Pero, sobre todo, ésta es la tierra donde una sola empresa, la Comercial Inmobiliaria Paraguaya-Argentina, Cipasa, llegó a tener, hasta hace muy poco, más de 400,000 hectáreas de terreno, con 300 kilómetros de frente cercado. Nada extraño en el país que padece, seguramente, la distribución de tierra más desigual e injusta del mundo, y donde, desde hace más de un siglo, los sucesivos gobiernos han regalado a sus amigos, o malvendido, el territorio nacional.

La Comisión de la Verdad y Justicia, creada con ayuda de la ONU, estima que el 64% de las adjudicaciones realizadas desde 1954, es decir, desde la llegada al poder del dictador Alfredo Stroessner, fueron ilegales: centenares de miles de hectáreas de tierras rurales malhabidas y decenas de miles de campesinos despojados y maltratados.

El esfuerzo por devolver a la normalidad a Paraguay, un país que el escritor y periodista santanderino Rafael Barrett llegó a comparar, a principios del siglo XX, con el Congo, por su espeluznante historial de “esclavitud, tormento y asesinato”, es reciente y muy precario.

Empieza prácticamente con la elección de Fernando Lugo como presidente, en 2008, porque si bien es cierto que la dictadura de Alfredo Stroessner acabó en 1989, los primeros años de democracia no cambiaron en nada la situación.

Un presidente, jefe del Cártel de Paraguay.

El ex presidente Andrés Rodríguez, por ejemplo, que expulsó a Stroessner cuando éste le cerró el negocio de cambio de moneda, ya tenía miles de hectáreas malhabidas, y aprovechó el cargo para adjudicarse otras dos mil. Fue el primer presidente democrático, por decir algo, pero si hay que hacer caso al Gobierno de Estados Unidos, el general Rodríguez era, además, el jefe del llamado Cártel de Paraguay, encargado, como el propio Stroessner, de proteger a las bandas de narcotraficantes de marihuana y a las fabulosas redes de contrabando que operaban, y operan en el país.

Ciudad del Este, en la llamada Triple Frontera, es el ojo del huracán de todo ese contrabando. Nació como ciudad en 1957, en el Alto Paraná, frente a Iguazú, Argentina y Brasil, y además de presentar una increíble gama de enormes almacenes y supermercados, es el lugar de reunión de agentes de espionaje de medio mundo, representantes de vendedores de armas y de traficantes de droga, contrabandistas de objetos y de información, que se mueven como peces en el agua en el flexible territorio paraguayo.

Nada que ver con Concepción, San Pedro o Ambabay, los departamentos agrícolas del norte del país, donde se vive completamente al margen de ese otro Paraguay, y donde a nadie le importa mucho lo que pase. Aquí no hay carreteras ni supermercados, sino caminos de tierra, superficies deshabitadas y enormes extensiones de pastos que pertenecen a unas pocas haciendas ganaderas, en su mayoría propiedad de terratenientes y de empresas brasileñas.

En buena parte de estas haciendas, los pocos peones que necesita la faena viven allí mismo, acaso con sus familias, agrupados en pequeños cascos, junto a la casa de los capataces y, quizás, al gran chalet, casi siempre vacío, que se hizo construir el dueño.

Les dan comida, combustible, cobijo, “un pequeño sueldo” y unos horarios muy estrictos: incluso el domingo, cuando aprovechan para visitar a vecinos o para convertirse en la hinchada de un pequeño equipo de fútbol local, han de volver a atravesar la cerca antes de que se haga de noche.

Comunidades indígenas quedaron “congeladas”.

También viven allí, para su desgracia, y muy lejos de los potreros donde se cuida a las vacas jóvenes, pequeñas comunidades indígenas que quedaron congeladas en mitad de las enormes fincas, y que malviven en chozas de madera y paja, sin la menor asistencia ni ayuda.

Lirio Benítez es el dirigente de una de estas comunidades, enterrada en la hacienda Agüerito. Se identifica a sí mismo como perteneciente a la etnia pai tavyterá, y ha salido a nuestro encuentro en cuanto hemos entrado en su territorio, atravesando a duras penas un camino infame, el peor de la estancia, donde residen las 48 familias de su grupo.

Afirma que ese pedazo de terreno empapado se llama Hegua Hatý, y que es suyo desde hace más de 60 años. Está enfadado porque ha cortado en el monte cercano algunos árboles que ahora las autoridades le prohíben vender. Para colmo, asegura que los estancieros, que quieren que corte y venda la madera para dar más espacio al pasto, le han suprimido los 15 kilos de comida por familia que les facilitaban cada mes, seguramente para que presionen más a los organismos oficiales y consigan acabar con el bosque. “Con esos 15 kilos no llegamos ni a comer quince días”, asegura, delgada y firme, su mujer, Rosa.

-- ¿Cree que el EPP será de alguna ayuda para ustedes?

-- El EPP es una ayuda. Nadie lo hace. Nadie nos presta atención. Ellos ayudan.

-- ¿Han pasado los guerrilleros por aquí alguna vez?
-- Yo no les vi.

Durante el secuestro de Lindstron, el EPP exigió que sus familiares entregaran diez cabezas de ganado a determinadas etnias indígenas, y que distribuyeran cortes de carne en algunos barrios pobres de Asunción. Una etnia se negó a recibir el ganado, unos dicen que por miedo a las represalias de los ganaderos, y otros, porque sus dirigentes están hartos de que unos y otros les utilicen para sus fines.

Aquí, en el norte, sería difícil que los indígenas rechazaran las vacas. Su pobreza extrema y su abandono total convierten el territorio en la zona caliente del EPP, el terreno en el que el comandante Alexander, cuyo verdadero nombre es Osvaldo Villalba Ayala, un joven de unos 30 años, que procede de organizaciones sociales de raíz católica, se puede esconder y planear nuevas acciones y secuestros de terratenientes.

Por él y por su pequeña guerrilla, los ganaderos exigen que los militares incursionen en montes y bosques, para acosarlos y detenerlos. Por él, el presidente Lugo tuvo que aceptar un período de Estado de Excepción de 30 días, que llevó a 3,000 soldados al lugar, pero que no ha servido de gran cosa.

Sobre este terreno se libra también una batalla política importante, entre los que quieren que el Estado se limite a enviar al Ejército para buscar a los guerrilleros, y los que creen que ésta es la ocasión para intentar que el Estado se asiente en un territorio donde ha estado casi totalmente ausente hasta ahora, dejando todo en manos de los propios estancieros.

“Militarizar este departamento no es la solución del problema”, asegura Luis Acosta Paniagua, el joven intendente de la ciudad de Concepción. Pertenece al Partido Liberal, que ayudó a llegar al poder al presidente Lugo y a echar al Partido Colorado, después de 63 años continuados de gobierno. “El EPP ha surgido por el abandono que los gobiernos anteriores han hecho de esta región”, asegura. “Mientras no tengamos Estado no habrá nada que hacer”.

“Los estancieros sólo quieren al Ejército, no al Estado”, sentencia, “pero se equivocan, porque al EPP no se le va a poder combatir con militares, sino con la presencia del Estado”.

Los servicios de seguridad, dirigidos por los capataces, funcionan dentro de las haciendas, y se han empleado hasta ahora para combatir el abigeato y el hurto de ganado.

Concepción bulle con miles de motos de pequeña cilindrada, con dos, tres y hasta cuatro pasajeros, que han sustituido a los caballos. “Son más fáciles de guardar y de mantener”, se ríe Irigoyen. “Y, además, son capaces de pasar por caminos que parecen intransitables, algo imprescindible en esta zona”.

La ciudad tiene dos hoteles limpios, el Victoria y el Francés, y muchas tiendas y comercios que dan servicios a las estancias que se suceden y entrelazan a lo largo de todo el departamento: Agüerito tiene más de 20,000 hectáreas, pero no es la más grande, dicen. En Hugua Ñandú, a algo más de cien kilómetros de la capital, por esos caminos de tierra y barro, hay un grupo de casas de peones, un asentamiento que se hizo conocido por la existencia de agrupaciones campesinas que reclamaban el reparto de la tierra. Por aquí, y en puntos cercanos como Kurusú de Hierro, Paso Barreto u Horqueta, fueron asesinados por sicarios desde 2003, ocho dirigentes campesinos, sin que nunca se localizara a sus ejecutores, según datos del informe Chokokue, realizado por la Comisión de Derechos Humanos de Paraguay.

Ocupaciones y violentos desalojos.

Fue un momento peligroso, asegura la Codehupy, porque las asociaciones campesinas creyeron que con la caída de la dictadura podían avivar sus reclamaciones de tierra, y se produjeron bastantes ocupaciones de fincas. Pero había caído Stroessner, no el Partido Colorado, y de 370 ocupaciones que se registraron entre 1990 y 2004, casi 360 fueron desalojados de manera violenta, con más de 7,000 campesinos detenidos.

Fue cuando empezaron a proliferar las ejecuciones: 77 hombres y mujeres vinculados con el movimiento campesino fueron asesinados en los cinco departamentos del norte. Nadie ha sido aún detenido ni condenado por esas muertes.

En la estancia de Agüerito, el capataz autoriza por teléfono móvil a que nos abran la cerca, podamos recorrer la hacienda y ver la escuela que ha levantado el Gobierno, relativamente cerca del asentamiento indígena, para que los niños puedan recibir instrucción. Se trata de dos edificios de madera y uralita. En uno, con puertas y candado, se guarda el material educativo y la leche que recibirán los alumnos todos los días.

La escuela propiamente dicha no tiene puertas, y sí suelo de cemento, varios bancos escolares y dos pizarras enfrentadas en los extremos del recinto. En la de los “mayores” hay deberes programados: “Escribir tres oraciones afirmativas y tres negativas”. En la de los pequeños, un cartel con el alfabeto guaraní. El 80% de los paraguayos habla su lengua propia, al mismo tiempo que el español, pero un 24% sólo es capaz de expresarse en guaraní, entre ellos los niños de esta etnia.

Aquí mismo, en Agüerito, no lejos de la escuela, se reportó hace algún tiempo la presencia de un pequeño grupo de hombres que recorrían el monte. Según el diario Abc Color, “al verse rodeados, detonaron una granada para intimidar a sus perseguidores civiles y policiales, y poder darse a la fuga”.

En compañía del oficial Jorge Ochipindi, recorremos la llamada Calle 18, un camino de tierra que atraviesa otra zona conflictiva y en la que se han instalado barreras móviles de la Policía, encargadas de identificar a todos los que pasan. Las pocas camionetas que se mueven por la Calle 18 traquetean con dificultad en el barro, mientras que las pequeñas motos zumban como los diminutos y hambrientos mosquitos de la zona.

La presencia de Ochipindi no es suficiente para lograr que el capataz de la hacienda Guaraní nos abra el portón. De allí son los tres empleados de seguridad (matones, según otras fuentes) que fueron asesinados por el EPP el pasado mes de abril, el ataque que dio origen, precisamente al Estado de Excepción.

Relativamente cerca de allí, en Kurusú del Hierro, se encontró en agosto de 2009, un supuesto manual del EPP. Eran unas páginas disparejas, manuscritas, obra de Alcides Oviedo, marido de Carmen Villalba, y condenado como ella a 18 años de cárcel por su participación en un secuestro anterior, el de María Edith Bordón de Debernardi.

El texto, sobre la conveniencia de tener siempre a alguien secuestrado (técnica atribuida a las FARC colombianas) y con instrucciones sobre cómo moverse por el bosque o cómo torturar a un detenido, fue publicado íntegramente por el diario conservador La Nación, con un éxito formidable e inesperado. Según su director, se agotó la primera edición, de 7,000 ejemplares, por lo que hubo que reimprimir el supuesto manual guerrillero durante dos días consecutivos, siempre con la misma acogida.

Probablemente, el pequeño EPP nunca soñó con tener un eco semejante. “Con suficiente propaganda, con los dólares que van acumulando y con la inexistencia del Estado en todo el norte del país, el EPP, que hoy es un pequeño grupo criminal, casi fantasmal, podría llegar a convertirse en un embrión de algo serio”, se lamenta el ministro del Interior, Rafael Filizzola.

Fuente: El Nuevo Diario.

l L a o t r a r e a l i d a d l

E s a s c o s a s... q u e l o s g r a n d e s m e d i o s n u n c a p u b l i c a n .

Espacio de periodismo independiente y sin patrones.

Volver a Miradas Volver a portada de Mire Buenos Aires